POLÍTICA
La Junta, experta en programas-anuncio
El Ejecutivo andaluz no ceja en su estrategia de promesas rimbombantes de gran impacto mediático pero de escasos o nulos resultados prácticos
Desde la época del expresidente José Rodríguez de la Borbolla, en la que se quiso hacer de Andalucía la «California del Sur de Europa», hasta la actualidad, la Junta ha sido y es experta en promesas rimbombantes de gran impacto mediático pero que salvo excepciones tienen escasos o nulos resultados prácticos. De Manuel Chaves se recuerda los hospitales con habitaciones individuales y las vacaciones de las amas de casa, por poner dos ejemplos. Y de José Antonio Griñán cómo olvidar su promesa en mayo de 2012 de mantener los derechos sociales sin un solo recorte, para pocos días después anunciar una sustancial rebaja de sueldo a los funcionarios, que además se quedaron sin sus derechos sociales. Que ahora a duras penas tratan de recuperar. La actual presidenta tampoco ha sido una excepción. Los constructores andaluces agrupados en Fadeco Contratistas criticaron días atrás que un año después de la firma de un acuerdo entre sindicatos, patronal y Administración para impulsar un plan sobre construcción sostenible, ninguna de las medidas previstas se han llevado a cabo. En la siguiente relación aparecen programas-anuncio que se actualizan cada legislatura y otros más recientes, que tienen vocación de perpetuarse en el tiempo sin lograr los objetivos previstos.
Menos trabas burocráticas
Es un clásico en las promesas de la Junta de Andalucía. El 8 de enero de 2014 el Consejo de Gobierno aprobó la elaboración de una normativa para agilizar la actividad económica y simplificar los trámites burocráticos que afectan a las empresas. Un compromiso similar lo hizo en 1998 el Ejecutivo presidido entonces por Manuel Chaves con el decreto de creación de la «Ventanilla Única» para facilitar las iniciativas de las pymes. Y volvió a repetirse en 2004 con motivo de la Estrategia Andaluza de Desarrollo Sostenible Agenda 21. En 2009, José Antonio Griñán planteó el mismo objetivo en su discurso de investidura. Pero ha sido en enero del presente año cuando se ha aprobado el decreto que permitirá reducir en seis meses la apertura de nuevos negocios. Algún tiempo más del que prometió en campaña la candidata del PSOE por Huelva al Parlamento andaluz, María Márquez. Aseguró que si su partido ganara las elecciones el negocio se abriría en 48 horas, en un solo trámite y ¡gratis!.
Obesidad infantil
A finales de 2006 la Junta impulsó la puesta en marcha del Plan Integral de Obesidad Infantil al objeto de combatir un problema que por entonces afectaba al 30 por ciento de los niños andaluces. Entre otras medidas novedosas, el plan incluía suprimir en los colegios las máquinas de chucherías y sustituirlas por expendedoras de frutas. Siete años después, en 2013, la Encuesta Nacional de Salud revelaba que la obesidad infantil en Andalucía era superior a la medida española y que el 90 por ciento de los niños consumía golosinas diariamente. Para entonces del 30 por ciento de chicos y chicas obesos se había pasado al 33 por ciento. La Junta ha decidido ahora elaborar una ley contra la obesidad, ampliable a todas las edades. Una normativa que como pronto no entrará en vigor hasta 2017, y que se espera que consiga mayores objetivos que el Plan Integral de Obesidad Infantil.
Oficina copntra la corrupción
A buenas horas ha incluido el Gobierno andaluz en su agenda la apertura de una Oficina contra el Fraude y la Corrupción para garantizar un control riguroso de los recursos públicos. Tendrá plenas facultades de investigación e inspección, y se ocupará de prevenir, detectar y denunciar las malas prácticas. Este instrumento, al que en noviembre de 2015 se refirió la consejera de Hacienda y Administración Pública, María Jesús Montero, hubiera sido sumamente eficaz para prevenir y evitar los bochornosos casos de los ERE o de las ayudas para los cursos de formación, los más llamativos de estos últimos años y que están en manos de la justicia.
Ciudades inteligentes
El Gobierno andaluz está marcado por la dicotomía. Comanda una comunidad con muchos de los peores indicadores socieconómicos, pero al mismo tiempo no ceja en su empeño, plausible por ciento, de ser pionero en un gran número de iniciativas vinculadas a la modernidad. El Consejo de Gobierno aprobó en diciembre del pasado año el Plan de Acción Andalucía Smart 2020, que recogerá los criterios para las políticas autonómicas de impulso a la eficiencia tecnológicas en las ciudades de la comunidad durante el próximo quinquenio. La estrategia se basa en el concepto de smart city o ciudad inteligente, vinculado nada más y nada menos que al aprovechamiento de las ventajas que aportan las nuevas tecnologías para la mejora de la calidad de vida, la sostenibilidad energética y el ahorro en la gestión pública. Muchos pueden pensar que este plan puede correr la misma suerte que el de la construcción sostenible.
Plan Familia Segura
Encomiable es asimismo el conjunto de actuaciones que la Junta engloba dentro del Plan Familia Segura, en el que se combinan medidas de conciliación familiar con la lucha contra la pobreza infantil y clases de refuerzo para los alumnos que tengan que mejorar su rendimiento. Uno de los epígrafes más ambiciosos del programa es el denominado Plan de Apertura de los centros escolares, que incluye el aula matinal, comedores y actividades extraescolares. El Plan de Apertura está amparado por un decreto que la Junta aprobó en 2002. Y su puesta en práctica definitiva puede ir para largo por la escasa dotación presupuestaria. Según calculó recientemente la parlamentaria del PP-A Patricia del Pozo, será necesario que pasen 28 años para que el Plan de Apertura sea una realidad al completo. Largo me lo fiáis.
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