Sentencia caso ERE
La Junta estudia la vía civil que bloqueó Susana Díaz para recuperar el dinero defraudado por los ERE
La presidenta decidió que la administración se retirase del caso por lo que ahora no puede reclamar 680 millones
El Gobierno del cambio siempre ha defendido que una de sus prioridades es recuperar todo el dinero defraudado por los ERE. Pero no es tan sencillo. El presidente andaluz, Juanma Moreno, y el vicepresidente, Juan Marín, trasladaron este miércoles el mismo mensaje en sendas entrevistas en medios de comunicación: «Es muy difícil».
En la sentencia de los ERE el juez Juan Antonio Calle Peña cifra en 680 millones de euros el montante global de los créditos presupuestarios de los programas 22E y luego 31L, que se concedían a empresas en crisis mediante un «mecanismo inadecuado» que ha terminado en una condena por malversación de fondos públicos para numerosos cargos públicos, incluyendo al expresidente José Antonio Griñán .
El presidente andaluz ha dado instrucciones al Gabinete Jurídico para que se haga todo lo que se pueda hacer para recuperar el dinero, aunque han pasado muchos años y algunas empresas ya han desaparecido y otras han modificado su situación mercantil y jurídica. No obstante, ha dado orden de «mover y remover cualquier obstáculo para recuperar el dinero».
En el mismo sentido se expresaba Juan Marín asegurando que la vía civil es el único camino viable para recuperar estos fondos que una sentencia judicial (que se va a recurrir ante el Supremo) considera que se han malversado.
La clave está en que la Junta de Andalucía se retiró como acusación particular el 17 de octubre de 2016 , cuando Susana Díaz era presidenta. Hasta entonces, la administración andaluza estaba personada como acusación particular pero, a raíz de un informe del Gabinete Jurídico de la Junta, Susana Díaz decidió retirar la acusación y, por lo tanto, no pedir fianza a los cargos imputados. Asimismo, la Junta se reservaba la vía civil para después de la celebración del juicio oral.
En el informe elaborado por los servicios jurídicos, se exponen tesis que son contrarias a lo que ha dictado la sentencia y que casan, curiosamente, con lo que el PSOE ha defendido insistentemente hasta este martes cuando se ha notificado la sentencia judicial. Así, recoge en primer lugar que de haber irregularidades, se «centrarían en la Consejería de Empleo», aunque tras 68 folios de razonamientos jurídicos, concluye « no puede decirse que los hechos denunciados puedan llegar a ser constitutivos de presuntos delitos de los artículos 404 y 405 del Código Penal, como tampoco de ningún otro ilícito penal». Precisamente los delitos por los que han sido condenados a penas de 68 años de cárcel y 253 de inhabilitación hasta 19 exaltos cargos del Gobierno andaluz entre 2000 y 2009.
El informe está firmado por los letrados María Victoria Gálvez Ruiz e Ignacio Carrasco López , los dos que se han encargado del caso ERE dentro de la administración. Gálvez Ruiz continúa en su puesto en el Gabinete Jurídico mientras que Ignacio Carrasco López ha sido trasladado a la Consejería de Agricultura donde ahora ejerce sus funciones.
Como acusación particular en la causa, la administración autonómica era la gran perjudicada por el desvío de fondos y, como tal debería ser la principal interesada en que se devolviera hasta «el último céntimo defraudado», frase que han repetido los altos cargos socialistas hasta la saciedad. Pero, al no haber reclamado fianza a los encausados, ahora habrá que buscar qué empresas siguen existiendo para reclamarles el dinero que cobraron indebidamente.
Piden su dimisión
Por esta circunstancia, la secretaria general del PP andaluz, Loles López; el portavoz parlamentario de Ciudadanos, Sergio Romero; la coordinadora de Podemos Andalucía, Teresa Jiménez; y el portavoz de Vox, Alejandro Hernández, pedían este miércoles la dimisión de Susana Díaz ya que entienden que protegió a sus padrinos políticos y no defendió los intereses de los andaluces como era su obligación.
Pero los socialistas se resisten y reiteran que la presidenta Susana Díaz no hizo más que seguir las indicaciones del Gabinete Jurídico de la Junta y que, por lo tanto, no tiene ninguna responsabilidad en sacar a la administración andaluza del proceso judicial. Hay que recordar que esta decisión fue ampliamente criticada por los grupos de la oposición, el PP, Podemos e IU, que entendían que perjudicaba a los intereses de todos los andaluces.
Ese mismo Gabinete —a quien el Gobierno anterior y el actual tachan de órgano independiente— es el responsable ahora de recuperar el dinero defraudado a todos los andaluces.
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