La Junta, dispuesta a modificar el superdecreto para evitar que lo tumbe el Constitucional

El Gobierno andaluz e stá dispuesto a negociar con el Ejecutivo de Pedro Sánchez lo que sea necesario con tal de salvar su superdecreto y que no llegue al Tribunal Constitucional. La Junta quiere seguir adelante con la aplicación del decreto de simplificación administrativa que modifica 21 leyes y seis decretos y elimina más de doscientos trámites administrativos de una tacada y que recoge todo el programa económico del Gobierno de Juanma Moreno.

El consejero de la Presidencia, Elías Bendodo se mostró este miércoles «seguro» de lograr un acuerdo con los dos artículos en los que hay discrepancias y por ello pidió al Ejecutivo hablar «cuanto antes». La disponibilidad de la Junta es total, «por ambas partes existe mano tendida para negociar esos dos artículos y que si hay que modificar algo de sentido común la Junta está dispuesta a modificarlo y no va a hacer un conflicto de esto».

«Plena disposición, plena voluntad y plena lealtad institucional por parte de la Junta, y seguro que llegaremos a un acuerdo con el Gobierno de España en la mejora y modificación del decreto», aseguró el consejero Elías Bendodo.

El Consejo de Ministros acordó este martes presentar un recurso de inconstitucionalidad contra dos artículos de esta norma ya que considera que invaden competencias estatales, un argumento legal que cuenta con el aval del Consejo de Estado que lo entiende de la misma manera. Sin embargo, llama la atención que la norma andaluza —que expone el programa económico del Ejecutivo de Juanma Moreno— sólo se recurra en dos artículos dejando a un lado la liberalización de la actividad económica que plantea como fondo de su contenido.

El Ejecutivo de Pedro Sánchez está en contra de los apartados 4 y 6 del artículo 28, en virtud de los cuales empresas privadas podrán gestionar las emisoras de televisión y radio de los ayuntamientos , además de eliminar la prohibición de emitir publicidad institucional en emisoras piratas (las que no tienen el título preceptivo para emitir), lo que supone su legalización en la práctica. Asimismo, discrepa del artículo 13 que reduce los trámites para hacer obras en el entorno de los Bienes de Interés Cultural (BIC).

En el acuerdo del Consejo de Ministros se plantea la suspensión de la aplicación de estos artículos hasta que se dicte sentencia.