La Junta creará una red de observatorios para frenar el cambio climático

La Junta de Andalucía ha previsto en el anteproyecto de Ley de Cambio Climático la imposición de sanciones administrativas de hasta 60.000 euros a las personas físicas o jurídicas que favorezcan este fenómeno por acción u omisión. La futura normativa contempla la creación de nuevos entes «paralelos», como son una oficina de seguimiento y una red de observatorios dependientes de la Consejería de Medio Ambiente.

Desde el año 2002 la Junta de Andalucía viene impulsando medidas para luchar contra el cambio climático (Estrategia Andaluza ante el Cambio Climático, Plan Andaluz de Acción por el Clima y el Programa de Adaptación), que se van a incorporar de forma integrada en la normativa con rango de ley.

La Junta, al amparo de la ley, creará la Comisión Interdepartamental del Cambio Climático como órgano de coordinación de las políticas de lucha contra este fenómeno y se contará con una Oficina Andaluza como órgano técnico de apoyo y fomento de las políticas de mitigación, adaptación y comunicación en cambio climático. Igualmente, la Administración se dotará de una Red de Observatorios de Cambio Climático, con el objetivo de «incorporar el conocimiento científico generado en los centros de investigación de Andalucía a la toma de decisiones y a la planificación socioeconómica».

Además de la Estrategia, del Plan de Acción y del Programa de Adaptación, el proyecto de ley de Cambio Climático incluye otros instrumentos de planificación.

A saber. Los municipios con población superior a 50.000 habitantes elaborarán y aprobarán programas municipales de cambio climático. Entre otros apartados, constarán de un análisis y evaluación de las emisiones de gases de efecto invernadero a nivel local; de actuaciones para su reducción, y actuaciones que permitan incorporar las medida en la planificación general, especialmente en el apartado urbanístico.

Los titulares de las actividades que contribuyen al Cambio Climático deberán auditar anualmente las emisiones, tendrán que elaborar un plan para reducirlas con el objetivo de alcanzar en el año 2020 el valor de referencia de su categoría de actividad; presentarán un informe anual a la Consejería y pondrán a disposición del público las medidas que adopten.

Por último, el proyecto de ley recoge un régimen de infracciones y sanciones. Serán consideradas infracciones graves cuestiones tales como la no elaboración de los planes de reducción de emisiones de gases de efecto invernadero, o la no compensación de las mismas. Las multas oscilarán entre los 30.01 euros y los 60.000.