La Junta comprará a los bancos los pisos que se vayan a desahuciar

La Junta de Andalucía tendrá derecho preferente de compra de las viviendas que vayan a ser objeto de desahucio bien por lanzamiento judicial, bien por dación en pago de sus propietarios por no poder abonar las cuotas de hipotecas.

El Gobierno andaluz ha aprobado en la mañana de este martes el proyecto de Ley de tanteo y retracto en desahucios de viviendas, que pretende proteger a las familias más vulnerables pero que ha generado una importante polémica política.

El texto normativo blinda el derecho de compra de las viviendas que vayan a ser desahuciadas al Gobierno andaluz que calcula que se hará con la propiedad de unas 200 viviendas hasta el año 2020 , ya que tiene un presupuesto anual de unos cuatro millones de euros. Una vez que la propiedad de los inmuebles sea público, la Junta la alquilará a sus moradores a cambio de un alquiler social que no tiene fecha límite y que también contempla que sus habitantes puedan volver a comprarla si en el futuro mejoran sus condiciones económicas.

El consejero de Fomento y Vivienda, Felipe López, ha explicado que se trata de una «ley muy avanzada y que muestra la sensibilidad del Gobierno andaluz con las familias más desfavorecidas». Además, el consejero ha explicado que el texto legal se ha elaborado contando con el asesoramiento de notarios, registradores de la propiedad e incluso el Consejo General del Poder Judicial para tratar de «blindarla» y que no se pueda recurrir ante los tribunales como ocurrió con la Ley de Función Social de la Vivienda.

Sin embargo, las primeras críticas políticas han sido inmediatas. La diputada de IU, Inmaculada Nieto, ha calificado de «mala noticia» y de «retroceso» la aprobación por el Consejo de Gobierno del proyecto de ley porque, a su juicio, «se pone del lado de los bancos y vuelve a dejar solas a las personas que tienen problemas de emergencia habitacional».

Nieto ha explicado que, en la tramitación del proyecto de ley, IU tratará de «abrirle paso a la sensatez y a la justicia social», intentando que la Junta «vuelva junto a las familias y a las personas que no tienen para enfrentarse a las entidades financieras en su avaricia infinita».