La Junta de Andalucía ultima una ley para fiscalizar empresas y entes que reciban fondos públicos
El Consejo de Gobierno analiza el lunes la Ley contra el fraude y la corrupción que incluye sanciones entre 300 y 100.000 euros y protege al denunciante
La redacción ha sido mucho más que laboriosa y ha recorrido un tortuoso camino hasta el último borrador (más de 15) que ha llegado al Consejo de Gobierno con los correspondientes informes preceptivos que lleva todo proyecto de ley. Los plazos que baraja el Ejecutivo es que la Oficina contra el Fraude esté funcionando a finales del próximo año 2021 . La clave de la ley que la crea es tan básica que sorprende que no existiera hasta ahora, pero la verdad es que no había ninguna norma en este sentido en Andalucía. Cuando entre en vigor, l a Junta podrá investigar a su personal, entidades instrumentales y empresas públicas incluidas , cuando haya sospecha de corrupción o fraude o conflictos de intereses (participación en un procedimiento en el que se tenga directa o indirectamente, un interés financiero político, económico o personal que pudiera comprometer la independencia) y también fiscalizar a las empresas, entidades, sindicatos, universidades y ONGs que reciban fondos públicos.
La ley crea la Oficina contra el fraude que dependerá directamente del Parlamento , estará conformada por funcionarios y su director será elegido por la Cámara por un período de seis años no renovables. Será elegido por tres quintos del Parlamento y no podrá estar afiliado a ningún partido político, sindicato, asociación empresarial o profesional.
Una de las claves de la norma es que los funcionarios que integren esta oficina tendrán condición de autoridad lo que supone que podrán investigar en todos los resquicios de la administración, seguir la pista a la concesión de subvenciones y los motivos por los que se otorgaron, e investigar a todas las personas que presten servicio a cualquier entidad e institución que dependa de la Junta de Andalucía.
En este sentido, la ley que este lunes analizará el Consejo de Gobierno se circunscribe a la administración andaluza y sólo prevé investigar a sindicatos, ayuntamientos, universidades e instituciones si éstos deciden de forma «voluntaria» adscribirse a ese ente fiscalizador. El propio Consejo General del Poder Judicial alerta sobre esta situación al Gobierno andaluz. El vicepresidente de la Junta, Juan Marín, explica a ABC que, tras muchas modificaciones, la norma se ha adaptado a las competencias que tiene la administración autonómica. No obstante, «se podrá investigar a todos los que reciban un euro de dinero público de la Junta», detalla el vicepresidente.
Los denunciantes
La norma pretende también proteger al denunciante. De hecho, el nombre completo de la ley que llegará en breve al Parlamento es Lucha contra el fraude y la corrupción en Andalucía y protección de la persona denunciante.
La Oficina contra la corrupción podrá actuar por propia iniciativa, tras los informes de la Cámara de Cuentas, de la Inspección de los servicios generales o por la petición razonada de instituciones, pero también por una denuncia concreta . La interposición de una denuncia ante esta Oficina no impide que el denunciante pueda interponer otra ante cualquier otro organismo, como los tribunales de Justicia. La ley autonómica pretende proteger a estas personas, por lo que el denunciante podrá pedir que se guarde la confidencialidad sobre su identidad . Es más, aunque no lo haya expresado, no se podrá dar su identidad sin consultarle previamente.
También se considerará que los denunciantes no infringen ninguna restricción de revelación de información ni incurren en responsabilidad respecto de la adquisición o el acceso a la información, siempre que no hayan cometido ningún delito para ello. Se incluye, asimismo, el derecho a no sufrir represalias por estas denuncias.
Las sanciones
La ley recoge sanciones para las diferentes infracciones. Y contempla como infracción muy grave la formulación de denuncia con información falsa o tergiversada. La cuantía económica de estas sanciones se acoge a la legislación vigente y establece multas que van desde 300 euros hasta cien mil pasando por una horquilla entre 3.000 y 30.000 euros para las infracciones graves . La prescripción máxima de las irregularidades se establece en cinco años para los casos más graves. El plazo para las leves es de un año.
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