La Junta de Andalucía transforma su «administración paralela» y fusiona tres fundaciones más
Las entidades Barehboim, Legado Andalusí y Tres Culturas se unificarán

Antes de empezar a gobernar, Ciudadanos y el Partido Popular se autoimpusieron el objetivo de adelgazar la sobredimensionada estructura burocrática que había creado el PSOE durante casi 37 años de poder continuado. Su voluntad de no dejar las cosas como estaban en la «administración ... paralela» quedó por escrita y firmada. Fueron incluso más lejos y anticiparon el número de agencias, empresas públicas, consorcios y fundaciones que iban a recortar utilizando la tijera del cambio político. «Reduciremos a la mitad el entramado institucional paralelo de la Junta de Andalucía», rezaba el punto décimo del acuerdo del nuevo gobierno.
La realidad pinchó ese globo en poco tiempo. La declaración de alarma por el Covid retrasó el encargo de las auditorías que iban a marcar el camino de la prometida reducción de los 54 entes instrumentales, una exigencia de Vox a cambio de apoyar los presupuestos de la Junta. Aún no ha hecho públicos los informes, pero el Ejecutivo ya ha empezado a mover algunas fichas.
La Consejería de la Presidencia proyecta fusionar tres de sus fundaciones de carácter cultural. Unificará en un nuevo organismo la Fundación Pública Andaluza Barenboim-Said , la Fundación Tres Culturas del Mediterráneo y la Fundación Pública Andaluza El Legado Andalusí , según ha podido saber ABC. Las dos primeras tienen su sede en Sevilla y la última en Granada. Entre las tres suman unos 70 trabajadores y manejan un presupuesto cercano a los 4 millones de euros.
Optimizar gastos
Su intención es optimizar gastos, hacerlas más eficientes y eliminar duplicidades. La iniciativa podría aprobarse el próximo martes en el Consejo de Gobierno. Sería la segunda fusión que anuncia el Ejecutivo del PP y Cs tras la creación de la Agencia Trade, otro macro organismo que nace rodeado de incógnitas en torno a su presupuesto y personal.
Sobrepasado por las urgencias de la pandemia, la promesa de eliminar «grasa» de la administración andaluza pasó a un segundo plano para el Gobierno andaluz. El Covid es un claro contratiempo, pero también pesa la división de pareceres en el seno de la Junta sobre el calado que debe tener la reforma. Antes de que las olas pandémicas hicieran trizas todas las previsiones, el «Gobierno del cambio» ya se había percatado de que el tejido clientelar creado por el PSOE no iba a ser tan fácil de desmontar. Mantener esta estructura paralela, donde abundan casos de enchufismo que incluso están investigando los juzgados —sin ir más lejos, en la extinta fundación Faffe—, cuesta 306 millones de euros al año, que se pagan a través de transferencias.
Aluvión de pleitos
Una vez instalado en la Administración, este personal que entró en ella enviando un currículum o haciendo una entrevista, goza de derechos adquiridos, pese al agravio que representan, en muchos casos, para los funcionarios de carrera que salieron a las calles a protestar contra el decreto del Ejecutivo de José Antonio Griñán para convertir a más de 20.000 laborales en empleados públicos en el año 2010.
Reducir la plantilla, como habían pactado los nuevos socios, significaba afrontar una cascada de pleitos , una factura millonaria en indemnizaciones, pero sobre todo un conflicto laboral que haría tambalearse la paz social y el deseado «cambio tranquilo».
Una vez que las auditorías han llegado a la mesa de la Junta, ha llegado la hora de aminorar el tamaño de esa administración que, según denunciaron en la campaña electoral, estaba poblada de «chiringuitos». Lo contrario sería dejar su acuerdo en papel mojado.
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