La Junta de Andalucía tarda más de tres años y medio en resolver sus ayudas a la Vivienda
La Cámara de Cuentas acredita el bloqueo de la política autonómica en una auditoría de 2015
La Junta de Andalucía tarda una media de tres años y ocho meses en tramitar subvenciones en distintos programas de vivienda que está obligada a resolver en tres meses como máximo, según la normativa reguladora.
Esta demora ha quedado de manifiesto en un informe de la Cámara de Cuentas de Andalucía que analiza el programa presupuestario de Vivienda, Rehabilitación y Suelo correspondiente al ejercicio de 2015. El órgano fiscalizador publicó ayer este informe plagado de «salvedades» e «incumplimientos».
Tras analizar por muestreo un total de 35 expedientes de subvenciones concedidas a promotores de vivienda en régimen de alquiler y a promotores de alojamiento protegidos en régimen de arrendamiento, descubre hasta tres casos en los que se superan los cinco años de tramitación. Los fondos de este programa son estatales. Las ayudas a inquilinos en situación de especial vulnerabilidad, reguladas por una orden autonómica de julio de 2014, pecan de lo mismo. Tardan hasta ocho meses en resolverse . Además, las bases reguladoras de las subvenciones se publicaron en agosto de 2014, cuando había transcurrido «más de la mitad del periodo subvencionable» y las justificaciones de las entidades colaboradoras se presentan con un restraso superior a ocho meses.
La Cámara de Cuentas tiene dudas sobre el cumplimiento de los requisitos
Los incumplimientos también afectan a las ayudas a personas en especiales circunstancias de emergencia social. La Cámara de Cuentas tiene dudas sobre el cumplimiento de los requisitos de las personas beneficiarias previstos en las bases reguladoras. En expedientes de las delegaciones territoriales de Almería y Huelva «no constan consultas al padrón histórico ; en los de Córdoba, Granada, Huelva y Málaga, no se acredita la consulta al catastro sobre la titularidad de la vivienda».
En las subvenciones para la adecuación funcional básica de viviendas, el órgano fiscalizador afirma que en un expediente de Sevilla «no consta» ni la solicitud ni la documentación exigida . El retraso medio en la notificación de la resolución de concesión desde que se presenta la solicitud puede llegar a cinco años y medio.
En general, la Cámara detecta deficiencias que abarcan desde pagos por importe de 4,38 millones pendientes de justificar desde hace más de cuatro años, hasta un desfase presupuestario de 302 millones de euros, debido a que la Consejería de Fomento y Vivenda dedica menos dinero al programa de vivienda de lo que gasta el ente instrumental que utiliza para ejecutar dicho plan, AVRA.
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