«La Junta de Andalucía quiere hacernos pagar impuestos por un piso que no hemos heredado»

Al trauma que representa la pérdida de un ser querido, se unió en el caso de Alejandro y su madre Josefa una concatenación de errores administrativos y una elevada factura del impuesto de sucesiones que supone una catástrofe en cualquier economía doméstica. Todo empezó el 4 de noviembre de 2011, cuando falleció su padre enfermo de Alzheimer. Sus padres fueron unos de tantos españoles que llenaron los trenes de trabajadores rumbo a Alemania con la maleta de cartón debajo del brazo durante la posguerra. El padre entró a trabajar en una cadena de montaje de camiones en Núremberg, mientras que su madre fue contratada por la fábrica de lápices Faber-Castell. Con los ahorros reunidos tras veintidós años de exilio laboral , el matrimonio regresó en 1983 a Arcos de la Frontera (Cádiz).

En su pueblo compraron un terreno para hacer un taller mecánico pero acabaron montando un hostal que sigue siendo el principal sostén económico de la familia. El negocio prosperó y reinvirtieron parte de las ganancias en ampliar las habitaciones, en un chalé en Arcos y en dos pisos en Sevilla . Con su muerte, este autónomo legó la mitad de esos bienes (el otro 50% es de su madre) a sus tres hijos. Pagaron a la Consejería de Hacienda 48.500 euros del impuesto conforme a la tasación que hizo su gestor. « Dos meses antes de prescribir , nos mandaron una liquidación complementaria; nos habían valorado todo por el doble», enfatiza Alejandro. Además de los 48.500 que ya habían abonado, la Administración autonómica les reclamaba otros 280.000 euros.

El asunto está ahora en manos del Tribunal Económico-Administrativo Regional de Andalucía . El seísmo es de tal magnitud que se han planteado vender el chalé pero no sacarían ni la mitad del importe tasado por los funcionarios: 750.000 euros. «Eso no lo vale ningún chalé de Arcos », aclara.

Con todo, lo más grave vino después. «La Junta de Andalucía nos ha sancionado porque nos acusa de ocultar bienes ; decía que teníamos tres pisos en lugar de dos en Sevilla. Fuimos al Catastro y allí nos enteramos de que la propietaria del piso que nos habían atribuido era en realidad una tal Osborne. Pero por más que se lo justificamos con documentos, no nos hicieron caso. Nos quieren hacer pagar por algo que no es nuestro», explica. «Tanto trabajo y esfuerzo de mis padres para que ahora se lo lleve este impuesto injusto. Los españoles no somos todos iguales , como dice la Constitución», afirma con rabia.