La Junta de Andalucía presume de haber digitalizado el 92 por ciento de los juzgados

No es la más rápida, pero la Consejería de Justicia y Gobernación de la Junta de Andalucía presumió este lunes de no integrar el pelotón de las autonomías más lentas en el proceso de digitalización de la Administración judicial . Tras pedir información ABC sobre la puesta en marcha del Plan de Justicia Digital 2016-2020 anunciada para este mes (coincidiendo con la entrada en vigor el pasado jueves de la obligación legal de operar con expedientes digitales), el departamento que dirige el ex fiscal Emilio de Llera distribuyó una nota de prensa sacando pecho porque el 92% de los órganos judiciales andaluces utiliza ya la firma electrónica , con casi dos millones de documentos rubricados mediante este procedimiento desde el pasado 1 de enero.

Si el ritmo de digitalización es regular, y valorando que hace tres meses el presidente del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA), Lorenzo del Río , anunciaba que la digitalización había alcanzado ya al «86%» de los juzgados andaluces, para finales de año la Junta debería lograr el objetivo marcado por el ministro de Justicia en funciones, Rafael Catalá, del «papel cero» en la planta judicial autonómica.

De entrada, Andalucía cuenta ya con 109 salas de vistas dotadas de portátiles conectados a pantallas de videoconferencia para visualizar documentos durante la celebración de los juicios. «A finales de julio se dotará con visores de expedientes al resto de salas hasta alcanzar las 435 », adelantó ayer la Consejería, resaltando también la formación impartida entre los distintos órganos que «se actualizará en septiembre con la instalación de los portátiles en las salas».

Los datos abruman: en lo que va de año se han tramitado 6,5 millones de notificaciones, 542.766 escritos y 202.868 demandas telemáticas en juzgados andaluces. «Todos los órganos judiciales pueden realizar comunicaciones electrónicas gracias a la habilitación de Lexnet como plataforma de intercambio y su integración con Adriano, que ha estado operativa desde el primer día que marcaba la ley, el 1 de enero, lo que ha permitido que las incidencias hayan sido menores [principalmente por insuficiencia en el ancho de banda en ciertos partidos judiciales, aseguran a ABC fuentes sindicales] que en otras comunidades autónomas», resalta el Gobierno andaluz, que no alude expresamente a casos como el de la Comunidad Valenciana , donde hasta marzo no se empezó a implementar el Lexnet.

No obstante, la Junta admite «ciertas limitaciones » a la hora de trabajar «completamente» en formato digital, «principalmente por la no obligatoriedad de algunos colectivos a interactuar con los órganos judiciales hasta el 1 de enero de 2017: por ejemplo, los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado, que siguen presentando papel en los órganos judiciales». También faltan ordenadores portátiles adaptados, que la Fiscalía se incorpore al expediente digital —es en lo que se centran ahora las inversiones en software— y que todos los actores asuman este cambio irreversible.

Se pretende que magistrados, jueces y fiscales no requieran más de «trolleys» porque puedan acceder desde su casa con un simple clic al expediente digital del caso que instruyan o sobre el que deban dictar sentencia, o que procuradores y abogados puedan bajarse de internet las sesiones grabadas de un juicio sin necesidad de pasar a por la copia en CD. La Junta invertirá para ello 30 millones de euros hasta 2020 , en gran medida procedentes de la UE.