POLÍTICA
La Junta de Andalucía o el recurso que no cesa
En esta legislatura ha anunciado tres impugnaciones contra normativas de Rajoy, prepara una cuarta y ha desistido de una quinta
La Junta de Andalucía no cesa en su empeño de hacer oposición al Gobierno central a base de recursos ante el Tribunal Constitucional o el Tribunal Supremo contra normativas aprobadas por la Administración del Estado. Desde que la presidenta del Ejecutivo andaluz, Susana Díaz, tomó posesión del cargo en la presente legislatura, el pasado 14 de junio, han sido ya tres las impugnaciones promovidas por sus servicios jurídicos. Y después de desistir de una cuarta iniciativa de estas características, en la actualidad prepara un cuarto recurso precedido de un requerimiento previo.
En la pasada legislatura la Junta presentó una quincena de recursos contra el Gobierno central, que permanecen «vivos». Y la tónica se mantiene en el presente mandato. El Ejecutivo que preside la socialista Susana Díaz solo aguardó una semana para anunciar en el Consejo de Gobierno del día 23 de junio la interposición de un recurso de inconstitucionalidad contra un artículo y una disposición de la Ley de Racionalización del Sector Público, de ámbito estatal, relativos a la implantación de la licencia deportiva única.
Tras las vacaciones de agosto la Junta amenazó con impugnar la Ley de Parques Nacionales si el Gobierno central no aceptaba un acuerdo «in extremis» sobre su contenido. Acuerdo que se logró en la Comisión Bilateral de las administraciones y que permitió a Andalucía desistir de sus pretensiones.
La política de confrontación, sin embargo, se ha mantenido hasta ahora. Una supuesta invasión de competencias autonómicas llevó a la Junta a aprobar el 9 de septiembre la interposición de otro recurso. En este caso contra dos preceptos de la Ley Orgánica que modifica las leyes reguladoras de la financiación autonómica y de la estabilidad financiera.
Las dos modificaciones, según la Junta, permiten al Estado detraer recursos de las comunidades para saldar deudas en materia de gasto social con las entidades locales, y habilitar al Ministerio de Sanidad para modificar lo dispuesto en la Ley General de Sanidad sobre delimitación del gasto farmacéutico en función del PIB de las regiones.
Septiembre se puede considerar el mes de los recursos. El Consejo de Gobierno del día 22 autorizó la interposición de esta medida ante el Tribunal Constitucional contra la modificación de la Ley de Metrología, al considerar que invade competencias autonómicas y abre la puerta a la privatización de los servicios de control de pesas y medidas.
Últimamente, el Ejecutivo andaluz ha asegurado que prepara un requerimiento formal al Ministerio de Educación para que retire el Decreto en el que se regula la reválida en la Enseñanza Primaria. Si esta petición no prospera, la Junta tiene decidido presentar un recurso, en este caso ante el Tribunal Supremo.
La presidenta de la Junta, Susana Díaz, mantiene con esta política una «tradición» de sus predecesores en el cargo. Tanto Manuel Chaves como José Antonio Griñán no dudaron durante sus respectivos mandatos en utilizar los tribunales para marcar diferencias con el Gobierno central.
Este último, a su vez, aunque con menor profusión, también ha activado la maquinaria de sus servicios jurídicos contra normativas aprobadas por la Administración andaluza, tales como el Decreto y la Ley antidesahucios, las subastas de medicamentos o el plan de la Junta para reabrir la mina de Aznalcóllar, sobre lo que finalmente se produjo un acuerdo.
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