Consejo de Gobierno
La Junta de Andalucía no podrá firmar más contratos de emergencia por la pandemia
El PSOE ha abierto una investigación sobre todos los que se han realizado y ha pedido al Gobierno andaluz todos los datos
El Consejo de Gobierno ha derogado una parte del decreto 3/2020 que permitía este modelo de contratación, con menos controles administrativos por su urgencia
Los contratos de emergencia que han firmado las comunidades autónomas a causa del Covid se han convertido en una fuente de conflictos políticos. La necesidad urgente y la situación precaria durante la pandemia obligó a todas las administraciones, empezando por el Estado, las comunidades autónomas y las corporaciones locales, a establecer procedimientos administrativos para reducir los plazos, y los controles, en la contratación de suministros públicos.
Este martes, el Consejo de Gobierno andaluz ha aprobado un decreto ley que incluye la modificación de otros anteriores, y que contempla la derogación parcial del que afectaba al procedimiento de contratación de emergencia para hacer frente a la pandemia, concretamente de su artículo 9.
Así, se deroga parcialmente el Decreto ley 3/2020, de 16 de marzo , de medidas de apoyo financiero y tributario al sector económico, de agilización de actuaciones administrativas y de medidas de emergencia social para luchar contra los efectos de la evolución del coronavirus que afecta a la contratación de emergencia motivada por la lucha contra la pandemia.
El Gobierno andaluz ha tomado esta decisión al entender que «en la situación sanitaria actual han dejado de concurrir las razones que en su momento hicieron necesaria la aprobación de las medidas excepcionales establecidas que, no obstante, han servido para atender las necesidades provocadas por la emergencia sanitaria», según explica oficialmente el Ejecutivo autonómico.
Esto significa que los contratos de emergencia que sean necesarios firmar en el futuro por circunstancias excepcionales se regularán por las normas previas al Estado de Alarma o al artículo 120 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre.
Igualmente, se ha acordado derogar también el artículo 13, relativo a medidas de agilización en materia de personal de la administración de la Junta de Andalucía y de las entidades del sector público, y la disposición adicional cuarta del Decreto ley 3/2020, de 16 de marzo, de medidas de apoyo financiero y tributario al sector económico, de agilización de actuaciones administrativas y de medidas de emergencia social, para luchar contra los efectos de la evolución del Covid-19, que fue objeto de modificación por el Decreto ley 6/2020, de 30 de marzo.
También se incluyó en el Decreto ley 3/2020, de 16 de marzo, la disposición adicional cuarta, sobre simplificación de trámites en materia de personal.
La pasada semana el consejero de Hacienda y Financiación Europea, Juan Bravo, cifró en más de 1.600 millones de euros el volumen de dinero contratado desde la administración andaluza por esa vía de emergencia entre los años 2020 y 2021.
Durante los años 2020 y 2021 se han firmado contratos de emergencia por más de 1.600 millones de euros
En 2020, la Junta realizó por la vía de emergencia un total de 17.444 contratos por valor de 1.104 millones de euros, de los que el 85 % eran del SAS. En el año 2021, Juan Bravo avanzó que la tramitación de emergencia había sumado 502 millones de euros en 4.124 contratos, un 55% menos que el año anterior. De nuevo, el SAS fue el que más contrató por vía de emergencia, acaparando 422 de dichos 502 millones.
Denuncia del PSOE
El PSOE andaluz ha puesto el foco sobre este tipo de contratos y ha pedido al Gobierno regional toda la información sobre la contratación de emergencia desde el inicio de la pandemia. El diputado socialista Mario Jiménez denunció que la Junta había seguido recurriendo a la contratación de emergencia a pesar de que ya habían finalizado «las condiciones que justificaban su utilización».
Un procedimiento que «no abundan en el control de la utilización de los fondos públicos» , según explicó Jiménez, quien por ello informó que desde su grupo quieren «investigar toda la contratación de emergencia de 2020, de 2021 y toda la que, de manera sorprendente, se sigue haciendo» por parte de la Junta «con las mismas razones y argumentos que existían en marzo de 2020, en un claro fraude de ley».
El diputado socialista también remarcó que ya se han dictado «50 sentencias en los tribunales vía administrativa que ponen en evidencia que el Gobierno de la Junta ha abusado de la contratación de emergencias« en materia de personal, y que, por ello, »han declarado nulas las contrataciones de más de 4.000 trabajadores públicos en Andalucía«.
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