La Junta de Andalucía considera que la huelga de la Educación pública sólo es una «coartada política»

El Gobierno andaluz considera que la huelga de la Educación pública es una «coartada política» para erosionarlo porque no hay motivos de gestión que hayan abocado a los profesionales a dejar el trabajo y salir a las calles. El consejero de Educación y el de Presidencia, Javier Imbroda y Elías Bendodo, respectivamente, han tratado este miércoles de explicar públicamente varias veces que su modelo educativo está basado en la «libertad de las familias para elegir centro» y en el mantenimiento del actual modelo, con una doble red de centros, los públicos y los concertados, los cuales, por cierto, sólo están presentes en el 20% de los municipios de Andalucía

«A la izquierda la palabra libertad le da miedo» , fue el principal argumento de Bendodo , también portavoz del Gobierno andaluz a la hora de mostrar su postura sobre la huelga.

El Gobierno andaluz niega que el objetivo del polémico decreto de escolarización sea el desmantelamiento de la educación pública ya que precisamente este año «tenemos el mayor presupuesto de la historia para la educación pública y la mayor plantilla docente públi ca de la historia, por lo que es una manera un poco extraña de desmantelar la educación pública», ironizaba Imbroda quien considera muy grave que se le acuse de ello.

El Gobierno andaluz va a mantener el decreto de escolarización tal y como se ha aprobado, aunque está dispuesto a modificarlo si la futura Ley de Educación que ha anunciado el Gobierno de Pedro Sánchez establece cambios sustanciales, pero no será una opción política sino la adaptación de las normas andaluzas a las estatales tal y como es preceptivo.

Desde la Consejería de Educación niegan que se vayan a reducir las unidades públicas y se vayan a aumentar las concertadas tal y como argumentan los sindicatos que convocaban la huelga. Todo lo contrario, si sobran plazas por la reducción de la natalidad, lo que harán es aprovechar los centros públicos y bajar la ratio de alumnos por clase, aunque cada caso se estudiará por separado. «Los criterios serán racionalización, eficacia y eficiencia» ya que el concepto «demanda social» se aplicará entre otra serie de baremos y no será el único parámetro que determinará la planificación educativa. El Gobierno andaluz está convencido de que es un decreto «para las familias» y se niega a enfrentar la educación pública con la concertada.