La Junta de Andalucía busca atajos al caos de las ayudas del Estado frente al Covid

La consejera de Empleo, Rocío Blanco (Ciudadanos), auguró ayer martes 1 de junio que el proceso diseñado por el Gobierno central será un «infierno administrativo» para la comunidad –a la que ha trasladado la responsabilidad de gestionarlo– y para los potenciales beneficiarios, que estarán obligados a presentar «muchísimos papeles».

El «encorsetamiento» de los requisitos impuestos para el acceso y cobro de las ayudas, reguladas mediante el real decreto estatal, va a ser una fuente de conflicto.

Dentro de su limitado margen de maniobra, la Administración autonómica ha simplificado los trámites y automatizado los procesos para agilizar los pagos. De lo contrario se vería obligada a comprobar, cuadrar y abonar millones de facturas, con el riesgo de que se bloqueen los órganos gestores de Empleo . Se validará de forma automática el 70% de las facturas y luego se hará una verificación manual de expedientes por muestreo.

Se han incorporado mejoras como ampliar las ramas de actividades beneficiarias e introducido propuestas de Vox. Con todo, en la Junta creen que su tramitación va a ser compleja. «Ojalá me equivoque», pero este endurecimiento de las condiciones, sumado a los «graves defectos técnicos» del real decreto, «va a hacer que muchas empresas no puedan acceder a las ayudas» , lamentó la responsable autonómica en la rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno.

Los beneficiarios de las ayudas son trabajadores por cuenta propia y pequeñas y medianas empresas, que podrán acceder a una inyección de entre 3.000 y 200.000 euros para sufragar costes fijos como el alquiler o las facturas pendientes con proveedores si cumplen, entre otros requisitos, haber registrado pérdidas de, al menos, un 30% de su facturación en 2020.

Para la consejera, las ayudas son el perfecto ejemplo de «una idea mal diseñada», una reflexión en la que coinciden otras regiones, como la Comunidad Valenciana, advirtió. Andalucía creó un grupo de trabajo con la región que preside Ximo Puig para presentar una propuesta alternativa en la que se contabilizaran las deudas pendientes y los pagos ya realizados. Pero sus sugerencias cayeron en saco roto. Para empezar, el Gobierno optó por la fórmula jurídica de las subvenciones en lugar de las ayudas directas, como en principio se había anunciado. El matiz es importante porque los requisitos son más exigentes y no se trata de una indemnización pagada sin contrapartida por una situación sobrevenida por la pandemia.

Para complicar más la gestión, se establece un periodo de generación de facturas y deudas objeto de la subvención (de marzo de 2020 a mayo de 2021) y otro plazo para proceder a su pago (a partir del 1 de junio). El real decreto discrimina a quienes han cumplido con la Ley de Morosidad, que obliga a pagar una factura en los 30 días siguientes a su emisión», avisa Blanco.

En resumen, «el Gobierno de España ha diseñado las ayudas de espaldas a quienes tenemos la obligación de aplicarla, con graves riesgos para la absorción de esos fondos y gran inseguridad jurídica tanto para las comunidades autónomas como para los beneficiarios de las ayudas», afirmó.

Las subvenciones serán de 3.000 euros para los beneficiarios que tributen por estimación objetiva (los módulos) en el IRPF y de 4.000 a 200.000 euros para los contribuyentes por el Impuesto de Sociedades. Los autónomos y pymes tendrán un mes para pedir las ayudas a partir del 15 de junio.

El Consejo de Gobierno también aprobó ayer ayudas de carácter social dirigidas a feriantes. Los beneficiarios recibirán en un pago único 2.400 euros. Esta medida cuenta con un presupuesto de 13 millones de euros para más de 5.400 trabajadores por cuenta propia, según informó la consejera.