TRIBUNALES
Juicio para el exconsejero Guerrero y el «chófer de la coca», que se enfrentan a una fianza millonaria
Están acusado de delitos de malversación de caudales públicos, prevaricación, tráfico de influencias, falsedad en documento oficial y asociación ilícita
Fianza superlativa para Francisco Javier Guerrero , exdirector de Empleo de la Junta de Andalucía y su chófer, Juan Francisco Trujillo, conocido como «el chófer de la coca» . La juez que instruye esta pieza separada del caso ERE, María Ángeles Núñez Bolaños , ha hecho público este miércoles un escrito en el que obliga a cada uno a hacer frente al pago de unos dos millones de euros. En el caso de Francisco Javier Guerrero, la fianza es de 1.900.000 euros. Un poco más para su chófer: 2.100.000 euros.
Noticias relacionadas
- Piden 14 años de cárcel para el ex director general de Trabajo y su chófer
- «Parece que la Junta soy yo, aquí todo el mundo es tonto»
- La Fiscalía pide que Chaves y Griñán sean los últimos acusados en declarar
- Francisco Guerrero, reelegido decano de los jueces de Sevilla con el 92,85% de apoyos
- La juez devuelve a Guerrero la fianza de 50.000 euros que lo sacó de prisión
- Imputan a la mujer y a la madre del «chófer de la coca» por el caso ERE
La magistrada ha resuelto, además, que el ex alto cargo y su asistente sean juzgados por presuntos «delitos de malversación de caudales públicos, prevaricación, tráfico de influencias , falsedad en documento oficial y asociación ilícita», según el comunicado del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía.
Guerrero «recibió entregas de efectivo, antigüedades, un GPS, invitaciones en restaurantes y locales de copas y entregas de cocaína»
También serán juzgados el exdirector de Vitalia, Antonio Albarracín, y Isidoro Ruiz Espigares, «el hombre que presuntamente actúo como «tapadera» de las ayudas concedidas», según el escrito al que ha tenido acceso ABC de Sevilla. Espigares se enfrenta a los delitos de prevaricación, malversación y asociación ilícita y la juez le impone una fianaza de 585.000 euros. Albarracín -que hará frente a los mismos delitos-, deberá abonar una fianza de 158.000 euros. Por último, la mujer del chófer de Guerrero tendrá que pagar 77.000 euros de fianza. Así, solo en este escrito, la juez Núñez ha impuesto fianzas por un total de 4.820.000 euros.
Dichas cantidades, recoge el escrito de la magistrada, deberá pagarse en el plazo de un solo día. De lo contrario, «se les embargarán bienes en cantidad suficiente para asegurar la suma señalada », informa la juez a los acusados. .
La magistrada, que ha dictado este auto una vez han presentado sus respectivos escritos de acusación tanto la Fiscalía Anticorrupción como la Junta y el PP-A, declara a la Audiencia Provincial de Sevilla como órgano competente para enjuiciar esta pieza separada de los ERE.
El Ministerio Público ha pedido 14 años de cárcel , 30 años de inhabilitación y el pago de una indemnización de 1.475.028,01 euros para Guerrero y su exchófer, mientras que ha solicitado seis años y tres meses de cárcel para Isidoro Ruz Espigares y seis años de prisión para Albarracín.
«Disponer de los fondos públicos»
La Fiscalía relata en su escrito que Guerrero y Trujillo , «personal laboral fijo de la Junta con categoría de conductor, asignado» al primero, a fin de «poder disponer para ellos de parte de los fondos públicos» que tenía a su disposición la Dirección de Trabajo con cargo a la partida 31L, «idearon inicialmente la constitución » de sociedades mercantiles «para que recibieran cantidades para financiar falsos proyectos de inversión ».
Al hilo, precisa que estas sociedades son Lógica Estratégica Empresarial e Iniciativas Turísticas Sierra Morena , añadiendo que Guerrero, «sin que conste ninguna solicitud de ayuda» por parte de ambas empresas y «sin la tramitación de expediente administrativo alguno», suscribió el 5 de febrero de 2004 un documento en el que certificaba que se había concedido sendas subvenciones de 450.000 euros a dichas empresas .
La Fiscalía añade que Trujillo «dispuso» del total de 1.350.000 euros transferidos por la agencia IDEA
En ambos casos, y «para poder allegar» los 900.000 euros de fondos públicos a estas mercantiles, Guerrero suscribió el 16 de febrero de 2004, redactado por él mismo, un convenio de colaboración con el antiguo IFA para encomendarle el pago de la ayuda en el que, «a sabiendas de su falsedad», se recogía que el 5 de febrero de 2004 habían presentado ante la Dirección de Trabajo la solicitud de ayuda, plan de inversiones y de viabilidad, así como que la documentación acreditativa obraba en poder de dicha Dirección General.
Asimismo, asevera que Guerrero y Trujillo, «de común acuerdo y con ánimo de ilícito enriquecimiento, decidieron» que Isidoro Ruz Espigares presentara como promotor ante la Dirección de Trabajo un proyecto, «sin fecha», para el emplazamiento de una granja avícola, «en el cual, como financiación de la inversión , se disponía de una subvención de 450.000 euros».
«Sin competencia legal»
De este modo, y «sin la tramitación de expediente administrativo alguno», Guerrero suscribió el 5 de febrero de 2004 un documento en el que certificaba, igualmente, que se había concedido dicha ayuda a la empresa de Isidoro Ruz Espigares, Ave Nueva S.L. , para lo cual también suscribió un convenio de colaboración con el IFA.
Anticorrupción afirma que, en la tramitación del pago de estas cantidades como ayudas o subvenciones a las tres sociedades mencionadas, «se ha prescindido total y absolutamente del procedimiento legalmente establecido, concediéndose por Guerrero sin competencia legal para ello » y «sin la aplicación de los criterios de publicidad, concurrencia y objetividad legalmente establecidos para la concesión de subvenciones».
Además, y según la Fiscalía, no se ha acreditado «el carácter excepcional» de las ayudas y no se ha dictado resolución motivada de concesión «con expresión de los requisitos exigidos a las sociedades beneficiarias», no sometiéndose además «a ningún tipo de fiscalización» de la Intervención y «sin hacer ningún tipo de seguimiento de la aplicación dada a los fondos públicos concedidos».
Trujillo entregó a su esposa 24.000 euros para que adquiriera una finca
A su juicio, el importe de 450.000 euros de cada una de las «supuestas» ayudas fue fijado «de propósito» por Guerrero «para evitar» que, conforme a la normativa reguladora de las competencias del Consejo Rector del IFA , este órgano las aprobase.
La Fiscalía añade que Trujillo, como persona autorizada en las cuentas bancarias de las tres sociedades, «dispuso» del total de 1.350.000 euros transferidos por IDEA «como si de una caja única se tratara, no ejecutando ninguno de los proyectos de inversión ni contratando el personal que se recogía en las memorias o proyectos que se aportaron para de forma engañosa justificar la concesión de las ayudas».
Compra de inmuebles y fincas
Todo ello, además, «siendo evidente que en ningún caso las tres sociedades se constituyeron para iniciar una actividad empresarial sino para canalizar para disposición de los encausados fondos públicos de la Junta de Andalucía», asegura la Fiscalía, que agrega que, con estas ayudas, el exchófer de Guerrero «financió compras de inmuebles y fincas rústicas, bien para su uso bien con fines especulativos».
Asimismo, y según la Fiscalía, Trujillo entregó a su esposa 24.000 euros para que adquiriera una finca.
De su lado, y con los fondos transferidos a estas tres empresas por IDEA, Guerrero «recibió entregas de efectivo, antigüedades, un equipo de navegación para su vehículo oficial , invitaciones en restaurantes y locales de copas y entregas de cocaína » por parte de su chófer", todo ello «sin que se haya podido cuantificar su importe pero constituyendo éste un porcentaje importante de éstos fondos».
La Fiscalía concluye que el destino que los encausados dieron a los fondos percibidos «supuso no sólo una merma importante en la disponibilidad presupuestaria para atender la finalidad del programa 3.1L -ayudas sociolaborales y a empresas en situación de crisis-, sino también un grave perjuicio a la actividad a desarrollar por la administración de la Junta ante las ciertas, concretas y singulares situaciones de crisis socioeconómica de la comunidad autónoma, privando a empresas andaluzas, en situación real de crisis, de concurrir y acceder a estas cantidades».
En el escrito de acusación, agrega que, en abril de 2007 y «al no disponer de liquidez para poder atender» todos los gastos reflejados anteriormente, Guerrero y Trujillo contactaron con Antonio Albarracín para que, figurando como tomadora la Dirección de Trabajo, se preparara una póliza de seguros en la cual debía de figurar como persona asegurada y beneficiaria de la misma Estrella Blanco, madre de Trujillo.
Así, Trujillo «imitó» la firma de su madre, que recibió en su cuenta bancaria 120.028,01 euros y que, «ajena a todo lo expuesto, hacía reintegros de estas cantidades entregándoselas a su hijo, el cual las empleaba para seguir atendiendo gastos propios y las entregas en efectivo, invitaciones y compra de cocaína » para Guerrero.
