Caso ERE
A juicio el empresario catalán que vació su bollería en Nerva tras cobrar ayudas de la Junta de Andalucía
La Fiscalía pide cinco años de cárcel al empresario Carles Valdellós por presunta prevaricación y malversación
El empresario catalán Carles Vandellós Blanch desmanteló su fábrica de bollería industrial en la localidad onubense de Nerva y se llevó a Girona la maquinaria financiada con distintas subvenciones de la Junta de Andalucía, entre ellas, fondos con cargo a la partida de los ERE irregulares.
El próximo día 25 de enero se sentará en el banquillo para ser juzgado por la Sección Tercera de la Audiencia de Sevilla por la concesión de dos ayudas «injustas y arbitrarias» que superaban los 147.000 euros, concedidas en 2009 con cargo al programa presupuestario 31L de los fondos autonómicos. El juicio, en el que él es el único acusado, continuará con otra sesión el próximo 8 de febrero.
En el escrito de acusación de la Fiscalía Especial contra la Corrupción y la Delincuencia Organizada, recogido por Europa Press, el Ministerio Público indica que todo se encuadra en el «sistema de ayudas» habilitado por la Junta de Andalucía en los años 90 y el ejercicio 2000, « para financiar con fondos públicos las primas derivadas de la contratación de pólizas de rentas de prejubilación para trabajadores de empresas en crisis que, atendiendo a su edad, les aseguraran un cierto nivel de ingresos hasta acceder a su jubilación, sistema que era complementario a las ayudas previas a la jubilación ordinaria».
Va a ser juzgado por los supuestos delitos de prevaricación administrativa, malversación y falsedad documental . Según especifica el auto de apertura de juicio oral dictado por el juez José Ignacio Vilaplana, la Fiscalía pide para el único acusado cinco años de prisión y nueve de inhabilitación absoluta. La Junta rebaja a dos años y seis meses la pena de cárcel y le reclama como responsable civil los 147.913 euros que le dio .
Como ha publicado ABC, esta historia arranca en el año 2003, cuando Vandellós decide establecer su fábrica en la cuenca minera onubense al calor de las ayudas que la Junta y el Ayuntamiento de Nerva destinaban a las industrias que se asentaran en esta zona deprimida. Cuatro años después, empezaron los problemas. Dejó de pagar las nóminas a sus 31 trabajadoras y éstas denunciaron ante la Junta que el empresario había paralizado la actividad después de haber recibido ayudas de entre 12.000 y 18.000 euros por cada contrato, a cambio de comprometerse a mantener la plantilla durante cinco años. En mayo de 2009, el Juzgado de Instrucción número 1 de Valverde del Camino subasta las dos naves que albergaban la maquinaria.
El conflicto laboral se recrudece y el 3 de agosto de 2009 el entonces director general de Trabajo y Seguridad Social de la Junta, Juan Márquez Contreras, concede a Nerva Croissant S.L. una ayuda sociolaboral excepcional de 84.522,13 euros con cargo al fondo de los ERE. El 75% de la subvención (63.391,63 euros) abonada por la Agencia IDEA, por orden de Márquez, acabó en las arcas de la Seguridad Social, que había embargado la cuenta de la firma por los impagos que arrastraba.
Como la ayuda se dedicó a saldar sus deudas, Vandellós volvió a solicitar una nueva por la misma cuantía , pero esta vez a través de otra empresa creada por él, Desarrollos Tecnoalimentarios Nerva S.L. Juan Márquez accedió a darle otros 84.522,13 euros el 9 de diciembre de 2009 . A la Guardia Civil le llama poderosamente la atención que se otorgara otra ayuda sociolaboral a una sociedad que no tenía trabajadores, según recoge en el informe que remite al Juzgado de Instrucción número 6 de Sevilla, que investiga la macrocausa de los ERE.
Un motorista le envió los papeles
En su declaración ante los agentes de Huelva el 14 de marzo de 2018, el empresario barcelonés relató que la solicitud de la ayuda llegó a sus manos «mediante un motorista que le envía Juan Márquez» y como le resultó «sospechoso» fue a visitarlo para que le explicara por qué tenía que firmar esa resolución. Declaró también que nunca recibió los 147.913,76 euros concedidos a sus dos empresas y tampoco la documentación del reintegro que posteriormente tramitó la Administración.
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