Macrocausas
La juez vuelve a investigar a altos cargos de la Junta en el caso de los ERE tras los escritos de la Fiscalía
Cita a declarar para octubre a Antonio Fernández, José Antonio Viera, Francisco Javier Guerrero y Juan Márquez, entre otros
La juez María Núñez Bolaños, aceptando la petición de la Fiscalía Anticorrupción, ha vuelto a incluir como investigados en dos piezas separadas de la causa de los ERE a los exconsejeros de Empleo José Antonio Viera y Antonio Fernández , los ex directores generales de Trabajo Francisco Javier Guerrero y Juan Márquez, el exviceconsejero del ramo Agustín Barberá, y el ex director general de IDEA Miguel Ángel Serrano. Todos ellos han sido juzgados por la Sección Primera de la Audiencia en la conocida como pieza política y están citados para declarar el próximo 17 de octubre .
Los fiscales piden que se investigen los préstamos participativos acordados entre la Diercción General de Trabajo y la agencia I DEA para dos empresas, Scafa y Promi, empresas que también recibieron ayudas de los ERE.
A las dos empresas se les fue concedido, préstamos participativos, cuyas cantidades tenían que ser devueltas en un periodo de diez años.
En el caso de Scafa, IDEA interpuso demanda para reclamar el millón prestado. El convenio entre la Dirección General de Trabajo e IDEA establecía que la partida presupuestaria para abonar el préstamo era la famosa 31L, con la que se dieron las ayudas de los ERE.
Distinto partida a los ERE
Sin embargo, al formalizarse una operación de préstamo y no una subvención por IDEA no se ejecutó crédito presupuestario alguno. Como no ha habido reintegro del dinero y se reconoce como fallido el préstamo, IDEA contabiliza el préstamo como pérdida , pero no del 31L sino de otro programa de la Consejería de Innovación, por lo que para la Fiscalía no cabe mantener la exclusión de esta pieza de Guerrero, Fernández, Barberá y Serrano en virtud del principio « non bis in ídem ».
En el caso de Promi, Guerrero pidió a IDEA reconvertir dicho préstamo en una subvención excepcional que iba a ser cargada a fondos del 31L de la Dirección General de Trabajo.
Si el préstamo, en este caso de 3,6 millones de euros, no fue condonado ni reconvertido a subvención, tiene que contabilizarse como fallido por IDEA y por tanto tampoco sería a cargo del 31L. Yde nuevo la Fiscalía vuelve a exigir que no se da en este caso el principio de doble enjuiciamiento.
La juez, tras los escritos de los fiscales, reclama la documentación oportuna a IDEAy a la Intervención de la Junta y cita como investigados a estos seis ex altos cargos.
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