El juez sustituto despachó 17 causas de los ERE en seis meses y Núñez sólo dos en cuatro años

Durante la baja de la titular del juzgado de las macrocausas, el instructor José Ignacio Vilaplana ha finalizado más piezas que la magistrada en cuatro años

Francisco Segura, uno de los inspectores que inspeccionaron el juzgado de Núñez Bolaños, en la sede judicial de Sevilla el 15 de octubre pasado MANUEL GÓMEZ

Antonio R. Vega

Las comparaciones son odiosas, pero algunas resultan inevitables cuando las «dilaciones» de la juez instructora del caso ERE, María Núñez Bolaños, han dado pie a una denuncia de la Fiscalía Anticorrupción y a unas diligencias informativas del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ). El juez de refuerzo del Juzgado de Instrucción número 6 deSevilla, José Ignacio Vilaplana , ha concluido 17 piezas desgajadas del sumario de los ERE en apenas seis meses, mientras la titular del órgano judicial, María Núñez Bolaños, sólo ha llevado a término la investigación de dos causas sobre ayudas a empresas un sistema «fraudulento» e «ilegal» que funcionó durante diez años en la Junta de Andalucía. De las 17 causas finalizadas por Vilaplana, que ha sustituido a Núñez Bolaños durante sus sucesivas bajas médicas, once han sido elevadas a la Audiencia Provincial de Sevilla con sus correspondientes autos de apertura de juicio oral, según los datos recabados por ABC. Todas estas piezas han sido ya calificadas por los fiscales, que han pedido penas de prisión para la mayoría de ex cargos y empresarios investigados.

Actuación dilatoria

En la pormenorizada denuncia elevada al máximo órgano de gobierno de los jueces en julio, la Fiscalía Anticorrupción alertaba de «una inequívoca actuación dilatoria» de la magistrada y la comparaba con el impulso procesal mostrado por otros instructores. Estos hechos no han merecido ningún comentario en las conclusiones del informe provisional que el Servicio de Inspección del CGPJ terminó el 16 de diciembre y presentó el viernes ante el Promotor de la Acción Disciplinaria, Ricardo Conde.

Los jueces inspectores califican de «satisfactoria» la situación general del juzgado y, aunque reconocen «paralizaciones y retrasos» en los procedimientos, concluyen que éstos «no se deben a la inacción ni a la falta de actividad procesal» sino a la carga de trabajo y al «número de procedimientos en trámite simultáneo». Ricardo Conde aún no ha decidido si va a archivar el proceso contra la juez o, en cambio, abre un expediente disciplinario.

El diagnóstico de los inspectores, que llegan a arremeter contra el Ministerio Público por recurrir resoluciones y archivos de la juez, contrasta con los datos objetivos sobre el estado de cada una de las piezas del caso ERE y de las otras dos investigaciones que están empantanadas, las causas IDEA y Avales . El informe firmado por seis fiscales Anticorrupción, la plantilla al completo de Sevilla, sobre el que se sustentó la denuncia, sostenía que «la magistrada instructora se muestra pasiva o se limita a dar una mera apariencia de tramitación de las diligencias». De las seis piezas piloto en las que se dividió la macrocausa en noviembre de 2015 se han cerrado tres, pero no por impulso deMaría Núñez Bolaños sino por el juez de refuerzo, Álvaro Martín. Este instructor finalizó tres investigaciones «ya en 2016»: las ayudas concedidas a Surcolor y Acyco y la del «procedimiento específico», la llamada causa política, que se saldó con una sentencia contra los dos expresidentes de la Junta (Manuel Chaves y José Antonio Griñán), seis exconsejeros y once ex altos cargos, que sumaron condenas de 68 años de prisión y casi 254 años de inhabilitación.

«En llamativo contraste», señalaba el fiscal, las otras tres (Cenforpre, Rosendo/Sayago y sobrecomisiones), que corresponden a la denunciada, no avanzan.Éste era el retrato del caso ERE dibujado por la Fiscalía a finales de junio, después de cuatro años al frente del juzgado donde la juez Mercedes Alaya empezó a destejer ese ovillo infinito de la corrupción andaluza. Núñez ha cerrado la investigación de la pieza sobre las ayudas concedidas al chófer del exdirector general de Trabajo Francisco Javier Guerrero y sobre los 750.000 euros otorgados al Ayuntamiento de Los Palacios para un centro ecuestre que nunca se construyó.

Causas de corrupción

Vilaplana asumió la investigación de las causas de corrupción que afectan a los anteriores gobiernos andaluces del PSOE (ERE, Formación, Avales, IDEA y Santana) para suplir las dos bajas laborales de la magistrada. La primera, entre el 19 de junio y el 16 de julio pasados, y la segunda –de la que aún no se ha reincorporado– comenzó el 3 de septiembre. Tras sus vacaciones, la titular estuvo trabajando tres días que le cundieron mucho . Dio marcha atrás al sobreseimiento de investigados, fijó declaraciones y acordando diligencias solicitadas por el Ministerio Fiscal hace meses. En un solo día de los tres que estuvo de alta dictó 28 resoluciones. Para entonces, ya estaba bajo el foco del Consejo General del Poder Judicial.

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