CASO ERE

El juez sienta en el banquillo a doce acusados y les exige 21,2 millones en fianzas por el «ERE de caza mayor»

Juan Lanzas coló en el ERE del Matadero de Fuenteobejuna a la hija y la pareja de su compañero de montería

Juan Lanzas saliendo de los juzgados de Sevilla en 2015 J. M. Serrano
Antonio R. Vega

Antonio R. Vega

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El «conseguidor» de ayudas del caso ERE, Juan Lanzas , fletó un autobús que trasladó a más de veinte trabajadores desde el municipio cordobés de Fuente Obejuna hasta la sede de la sociedad Técnicas Agrícolas Ecológicas e Integradas, administrada por la hija de Juan José Viedma Gallardo, el dueño del coto donde supuestamente cazaba el intermediario ante la Junta de Andalucía. El conseguidor lo arregló todo para que la sociedad de su amigo los diera de alta entre 16 y 21 días en la empresa aceitera mediante contratos falsos, pues nunca llegaron a trabajar allí. Una triquiñuela que les permitió pedir el Convenio Especial con la Seguridad Social y acceder así a las prejubilaciones porque muchos de ellos estaban cobrando el subsidio y no podían, por tanto, prejubilarse . Gracias a los contactos de Lanzas, que se hizo popular por la frase que soltó su madre a la Guardia Civil («Mi hijo tiene dinero para asar una vaca»), la Junta de Andalucía concedió 2,53 millones de euros esta sociedad anónima laboral entre los años 2002 y 2007 para sufragar un ERE donde se colaron la hija de su amigo y su pareja.

Hoy todos los responsables de aquella ayuda irregular están a un paso de sentarse en el banquillo. El juez que instruye este sumario, José Ignacio Vilaplana, ha dictado el auto de apertura de juicio oral contra Lanzas, Viedma y diez acusados más , a los que impone fianzas por responsabilidad civil y penal que suman en total 21,28 millones de euros, según la resolución a la que ha accedido ABC, que está fechada el pasado 8 de marzo.

La Fiscalía Anticorrupción solicita para todos ellos penas de prisión que en total se elevan a 47 años y medio para los doce acusados por supuestos delitos de prevaricación administrativa, tráfico de influencias, malversación de caudales públicos y falsedad documental. Además de Lanzas, están procesados su compañero de caza y cinco de los seis intrusos (uno de ellos ha fallecido) incluidos en el ERE que no habían trabajado en la empresa o que estaban cobrando una pensión de incapacidad.

En el ERE se incluyó de forma fraudulenta a Adoración N.F., entonces pareja de Viedma Gallardo, que cobró 120.202 euros; a la hija de su amigo, Juana P.V.O., que recibió 264.445 euros sin tener derecho a ello; y a Florencia R.V., que ingresó 100.007 euros. Ésta última era esposa de Manuel G.P., presidente del matadero. Tanto este empresario como el tesorero, Domingo V. P., están también incursos en este procedimiento. El resto de procesados son un abogado de Estudios Jurídicos Villasís, en cuya sede tenía su domicilio la asociación constituida por los trabajadores para recibir las ayudas, y dos representantes de la empresa mediadora Vitalia Vida.

Riesgo de embargo

La Fiscalía solicita seis años de prisión y nueve de inhabilitación absoluta para Lanzas , el principal acusado, y la misma pena para el abogado de Estudios Jurídicos Villasís y el directivo de Vitalia Antonio José Albarracín.

En el mismo auto, el juez fija el importe de las fianzas para cada uno de los acusado. Si no la prestan, « se les embargarán bienes en cantidad suficiente para asegurar la suma ». Lanzas, que ya está procesado en otras piezas del caso ERE, se enfrenta al pago de 3,5 millones de euros. El resto de los acusados tienen que afrontar fianzas que van desde los 21.000 euros a 2,8 millones de euros. La Junta de Andalucía sólo reclama 564.542 euros a los denominados «intrusos» del caso ERE.

Aficionado a las monterías, Lanzas decidió devolverle el «favor prestado» a su amigo empresario incluyendo, con condiciones más ventajosas, a su dos familiares en el expediente subvencionado por la Consejería de Empleo, según recoge el auto en el que acuerda continuar como procedimiento abreviado las diligencias previas, facilitado por el TSJA. La finca donde ambos se iban a cazar estaba situada a tan sólo 14 kilómetros de distancia de Albanchez de Mágina (Jaén), el pueblo del conseguidor, según recogió un atestado de la Guardia Civil incorporado al sumario.

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