El juez reitera que UGT se financió con fondos de formación de parados

El juez que investiga la confección de facturas falsas por parte de UGT Andalucía para justificar subvenciones, Juan Jesús García Vélez , ha declarado como una instrucción «compleja» la causa, lo que se traducirá en que tendrá 18 meses más para aclarar el destino final de los fondos públicos, de acuerdo con las restricciones que establece la reforma de la Ley de Enjuiciamiento Criminal .

Para ampliar los plazos, García Vélez argumenta que concurren varios supuestos en un auto dictado el pasado 18 de enero , al que ha tenido acceso ABC. El primero es que UGT Andalucía estableció un concierto con «determinados proveedores» con el fin de que «coordinadamente facilitaran vías de financiación para práctica de acciones sindicales, vías que no se corresponden con el destino que los fondos debería haber tenido», que no es otro que la realización de cursos de formación para desempleados y trabajadores , «según subvenciones públicas recibidas».

De la misma forma, alega que se dan otras condiciones fijadas en la norma para considerar compleja la causa como son que «la importante cantidad de investigados en la causa». Entre los imputados se encuentran los anteriores secretarios generales del sindicato en Andalucía, Manuel Pastrana y Francisco Fernández Sevilla . Además, expone, hay «autos pendientes de la realización de informe pericial, con examen de abundante documentación» y debe revisarse la gestión de personas jurídico-privadas o públicas.

En otra providencia del 18 de enero, el magistrado pide en el plazo de cinco días las copias de los contratos suscritos entre UGT y la mercantil Karonte , uno de sus proveedores habituales.