La juez Núñez retiene desde marzo decenas de informes de la Guardia Civil sobre los ERE

Decenas de atestados de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil sobre ayudas irregulares están durmiendo el sueño de los justos en el juzgado de los ERE. Lo ha puesto de manifiesto la Fiscalía Anticorrupción en un escrito dirigido el pasado día 20 a la juez titular, María Núñez Bolaños , por el que le insta a incorporar los informes policiales al sumario y a trasladarlos a las partes personadas en el caso, después de abrir las correspondientes diligencias previas.

Los fiscales delegados en el caso, Juan Enrique Egocheaga y Manuel Fernández Guerra, advierten a la magistrada de que «hay atestados presentados por la Guardia Civil desde el mes de marzo de 2016, de los que la Fiscalía tiene constancia por la entrega de copia». Tras su requerimiento, la magistrada acordó mediante una providencia, fechada el día 22, la apertura de nuevas piezas separadas de la causa para investigar las ayudas concedidas a 26 empresas.

Entre las sociedades investigadas por la UCO, se encuentran Nilefos y Tioxide (cuyos atestados llegaron al juzgado el 7 de abril pasado), Cash Lepe (14 de abril), Ibersilva, Autologística de Andalucía S.A. y Nature Pack (12 de mayo) y así una retahíla de informes sobre ayudas concedidas con cargo al fondo ilícito de los ERE que permanecen en el limbo porque no han sido unidos de manera expresa a la causa.

Los últimos atestados del Grupo de Delincuencia Económica se entregaron en el juzgado el pasado 9 de septiembre y analizan las subvenciones concedidas con cargo a la partida 31L a las cooperativas onubenses Coviluz, Coborja, Cristo Obrero y a los medios de comunicación Odiel Press, Telecuna del Descubrimiento, Huelva Comunicación y Atlántico Radio y Televisión.

Los agentes también han puesto la lupa sobre Zoilo Ruiz Mateos S.L., Springer Arteferro, Aeronáutica del Sur e Insersola S.L.I. y la Fundación de Ayuda, Juventud y Mayores Virgen de Belén. Insersola, que ha gestionado comedores escolares de 27 colegios públicos de Huelva por encargo de la Junta de Andalucía, está siendo investigada por recibir un aval de 1,2 millones de euros de la agencia autonómica IDEA. Esta sociedad ha suministrado catering y cócteles por 22.742 euros entre 2010 y 2011 al PSOE.

Mediante la providencia que ha dictado, la juez Núñez se ha limitado a « incoar las diligencias previas », pero no se han unido de momento a la causa ni trasladado a las partes los informes ni han sido imputados los responsables de las empresas o quienes se las concedieron.

La parálisis de las investigaciones ha sido denunciada con insistencia por el PP, acusación particular en el caso ERE. El pasado día 22 volvió a pedir al juzgado que incorporara « todos los atestados de la UCO de la Guardia Civil que nos consta que se han remitido al juzgado» y que fije un calendario de declaraciones de los investigados ante «el riesgo de prescripción de los hechos que se imputen».