FRAUDE
La juez Núñez releva a los interventores del Estado por otros de la Junta en los cursos
Encarga a los peritos autonómicos la elaboración de un informe para cuantificar la cuantía supuestamente defraudada por el ex consejero Ángel Ojeda
La juez de instrucción número 6 de Sevilla, María Núñez Bolaños , ha apartado a la Intervención General del Estado de la investigación de las ayudas de formación concedidas al grupo Prescal , vinculado a Ángel Ojeda Avilés, consejero andaluz de Hacienda entre 1987 y 1990, quien recibió 52,6 millones de euros en subvenciones de la Junta de Andalucía para impartir cursos, de los cuales 33,3 millones fueron para formar a extrabajadores de Delphi.
Mediante una providencia dictada el 26 de abril pasado, la magistrada releva a los tres peritos designados por el órgano fiscalizador del Estado que están realizando 84 informes sobre empresas beneficiarias de subvenciones de los ERE y encarga a la Intervención General de la Junta de Andalucía «con carácter especial» que cuantifique las ayudas « fraudulentamente facturadas por empresas» de Ojeda «que hayan sido objeto de justificación en cada expediente», así como de «aquellas cantidades defraudadas mediante simulación de facturación de los profesores y formadores a través de la mercantil Serpro».
En la misma resolución, comunica «a los interventores generales de la Administración del Estado que quedan relevados para la elaboración del informe solicitado» sobre el exconsejero. Once días antes, el coordinador del equipo en auxilio judicial designado por la Intervención del Estado, Ángel Turrión Macías, remitió un escrito al juzgado en el que le informaba de que ya ha entregado 190 informes sobre el caso ERE y que debían concluir los que están elaborando antes de poder iniciar el informe encargado sobre los expedientes de subvenciones de formación. Entre ellos, deben realizar un informe para rebatir otro presentado por la exconsejera y exministra Magdalena Álvarez dentro de su estrategia de defensa como investigada.
Contra la tesis de la Junta
El pasado 18 de abril, la Intervención General del Estado emitió un informe en el que desmontaba el argumento de la letrada de la Cámara de Cuentas de Andalucía , que avaló la legalidad de las transferencias de financiación, el sistema empleado por la Consejería de Empleo para sufragar la partida presupuestaria 31L. Ésta era la tesis esgrimida por el Gobierno andaluz y defendida por los principales ex altos cargos investigados, como el expresidente José Antonio Griñán , para solicitar el archivo de las diligencias.
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