La juez Núñez devuelve a Empleo expedientes de cursos sin investigar

Tras dar carpetazo a la pieza política del caso Formación, María Núñez Bolaños ha acordado el «desprecinto» de dos despachos de las antiguas oficinas del Servicio Andaluz de Empleo (SAE) en Sevilla y el traslado de miles de expedientes de cursos archivados allí a unas nuevas dependencias, tal como le había pedido la Consejería de Empleo. El PP, acusación popular en este caso, se opone a que se autorice a la Junta a acceder a cientos de expedientes originales sin haber sido analizados. En un recurso de reforma presentado el 30 de enero pasado, los letrados del Partido Popular advierten de la «incongruencia» de que haya «sobreseído precipitadamente la causa sin practicar las diligencias necesarias para el esclarecimiento de los hechos y sin haberse dado traslado a las partes de la documentación incautada, ni haber permitido a la UCO (Guardia Civil) la investigación de la misma».

El 19 de agosto de 2014, hace ya casi dos años y medio, la Unidad Central Operativa (UCO) precintó dos despachos en la sede que Empleo tiene en el polígono de Hytasa. Con esta medida —autorizada por la juez que abrió el caso Formación, Mercedes Alaya —, los investigadores perseguían que nadie pudiera manipular los originales de los expedientes de los cursos subvencionados por la Administración con el fin de examinarlos.

La llegada de Núñez al juzgado de Instrucción 6 de Sevilla dio un giro de 180 grados a este caso. El pasado 11 de octubre, la instructora acordó archivar la causa argumentando que sólo hay «irregularidades administrativas o, en su caso, de menoscabo de fondos públicos» en la actuación de los 24 ex responsables del Servicio Andaluz de Empleo (SAE) investigados por el fraude de los cursos en Andalucía.

Mediante una providencia firmada por ella el 23 de enero, Núñez permite que la Consejería pueda disponer ya de estos miles de expedientes «no objeto de investigación». Previamente, en otro escrito, la Fiscalía Anticorrupción afirmó que «no se opone al desprecinto y traslado de los expedientes que, a la vista del estado de las presentes diligencias, no constituyen, ni lo han sido nunca, objeto material de investigación por la UCO». También apoyó que sean devueltos a la Administración los expedientes de las ayudas que están en poder del juzgado.

En el recurso de reforma que ha presentado el PP contra la providencia de la discordia, esta acusación popular argumenta que «a pesar de que el propio Ministerio Fiscal señala que los despachos precintados y los expedientes no han sido investigados en la presente causa, su señoría acuerda el desprecinto y traslado de los expedientes, en un claro ataque al derecho a la tutela judicial efectiva y transgrediendo el derecho a un proceso con todas las garantías». Recuerda que la juez «está incursa en causa de abstención».

El PP solicita que revoque la providencia y en su lugar acuerde «la inmediata entrega a la UCO y a las partes de los expedientes que se pretenden devolver para su análisis y, consecuentemente, la reapertura de las presentes diligencias previas».