La juez Núñez se da 18 meses de plazo para investigar el fraude de formación

La juez de instrucción 6 de Sevilla, María Núñez , ha declarado de especial complejidad la instrucción de la pieza relativa al Servicio Andaluz de Empleo, dentro de la causa sobre cursos de formación, que trata de aclarar la responsabilidad penal de altos cargos de la Junta de Andalucía en la concesión, justificación y falta de control de las ayudas .

De este modo, puede prorrogar la duración de la instrucción hasta los 18 meses al tratarse de una pieza que exige el examen de abundante documentación que hay que investigar, y no limitarse a los seis meses que marca como plazo general para llevar a cabo una investigación la recién reformada Ley de Enjuiciamiento Criminal.

Núñez atiende así la petición que hizo la Fiscalía Anticorrupción el 10 de diciembre. La magistrada argumenta que debe declarar esta macrocausa como de especial complejidad porque «se investiga a un grupo u organización criminal con numerosos hechos punibles» y hay involucrados «gran cantidad de investigados o víctimas», lo que «exige la realización de pericias o de colaboraciones recabadas por el órgano judicial que implican el examen de abundante documentación, precisando de la revisión de la gestión de personas jurídico-públicas».

La instructora está trasladado a las partes implicadas en esta investigación la posibilidad de acordar que otras ocho piezas en que dividió la macrocausa sobre presuntas irregularidades en cursos de formación financiados por la Junta de Andalucía sean también declaradas complejas y pueda disponerse también de 18 meses para instruirlas . Estas piezas son las referidas a los cuatro consorcios creados por la Junta con entes locales -Ciomijas, Formades, Forman y CTI-, la que afecta a la Fundación Publica Andaluza de Formación y Empleo (FAFFE) y las vinculadas con los entramados de empresas de Ángel Ójeda, José María Pérez González y Rafael Velasco Sierra .

Fue a principios de 2014 cuando la juez Mercedes Alaya abrió diligencias por un fraude masivo en los cursos de formación. Hay cuatro exconsejeros de la Junta imputados: Antonio Fernández, Antonio Ávila, Manuel Recio y Ángel Ojeda , éste último por usar sus influencias supuestamente para montar un entramado que acaparó más de 52 millones de euros en subvenciones para cursos de formación.