Tribunales
La juez María Núñez da marcha atrás y reabre el caso Santana 18 días después de archivarlo
La causa se centra en el agujero de 36 millones en ayudas de la Junta de Andalucía a la desaparecida fábrica de Linares
Ha sido uno de los archivos más efímeros de una causa de supuesta corrupción que afecta a la Junta de Andalucía. La juez María Núñez Bolaños acaba de reabrir el caso Santana 18 días después de decretar su sobreseimiento provisional bajo el argumento de que no podía determinarse la autoría de los hechos.
En estas diligencias previas se analiza si el Gobierno andaluz incurrió en un delito al alterar un convenio para convertir un crédito de 36,1 millones de euros concedido a la desaparecida fábrica de Santana Motor en una ayuda a fondo perdido, de forma que el dinero público nunca regresó a las arcas públicas.
El detonante fue un informe de actuación del interventor general de la Junta de Andalucía, Adolfo J. García Fernández , del 26 de febrero de 2014 en el que apreciaba un menoscabo de fondos públicos en la operación.
¿ Qué ha pasado en esos 18 días para que la titular del juzgado de Instrucción número 6 de Sevilla cambie de opinión? Ha habido dos hitos que explican la marcha atrás al carpetazo decretado el pasado 21 de enero: un oficio policial que confirmaba el desvío de parte del dinero público y un recurso de reforma del PP que impugnaba el auto de archivo.
Respecto al primero, el Grupo de Blanqueo de Capitales y Anticorrupción de la Policía aporta nuevos datos que comprometen la actuación autonómica y solicita a la juez que libre un mandamiento a la Agencia Estatal de la Administración Tributaria para aportar las operaciones con terceros declaradas en los ejercicios de 2009, 2010 y 2011 por Santana Motor SA y su filial Santana Motor Andalucía S.L, así como por Italdesign Giugiaro Barcelona S.L. y WKI Automotive S.L.
Atendiendo a su petición, Núñez dicta otro auto el mismo día que decreta la reapertura del caso Santana (8 de febrero) por el que ordena las nuevas diligencias «para el esclarecimiento de los hechos objeto de autos» y requiere los datos tributarios .
El segundo hito que se ha producido —sobre el que la juez no se ha pronunciado— es un recurso de reforma presentado el pasado 30 de enero por los letrados del PP Luis García Navarro y Lourdes Fuster . Esta acusación popular solicitó revocar el archivo alegando «falta de motivación» a la vista de los indicios que figuran en el atestado policial. Además, el PP pidió que se llamase como investigados al exconsejero Martín Soler, a los exdirectores generales de la agencia IDEA Jacinto Cañete y Antonio Valverde Ramos, así como a otros tres cargos de la agencia IDEA.
En su recurso, el PP advertía de que el auto de sobreseimiento provisional « carece de un mínimo razonamiento » por parte de la instructora. Expone que el último atestado de la Policía evidencia «la posible existencia de un menoscabo de fondos públicos y que, a juicio de esta parte pueden ser constitutivos de los delitos de malversación de caudales, prevaricación, falsedad documental y fraude en subvenciones; hechos que han sido desdeñados sin explicación por el auto impugnado».
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