CASO MAGRUDIS
La juez investigará a la Junta y al Ayuntamiento de Sevilla por el brote de listeriosis por carne mechada
La magistrada mantiene en prisión a los responsables de la empresa Magrudis por «destruir documentos y deshacerse de productos elaborados»
La titular del Juzgado de Instrucción número 10 de Sevilla, Pilar Ordóñez, que investiga las supuestas responsabilidades penales por el brote de listeriosis originado por una carne mechada contaminada elaborada por la empresa sevillana Magrudis S.L.U., ha avanzado en un auto que va a investigar a los laboratorios y a las administraciones públicas, es decir, el Ayuntamiento de Sevilla y la Consejería de Salud y Familias , por su posible responsabilidad en «lo ocurrido».
La magistrada anticipa estas pesquisas en un auto del pasado martes, facilitado por el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA), en el que rechaza los recursos de reforma presentados al gerente y «administrador de hecho» de Magrudis, José Antonio Marín Ponce, y a su hijo mayor, Sandro Marín Rodríguez, propietario y administrador único de la empresa cárnica ubicada en el polígono El Pino de Sevilla.
En su resolución justifica que ambos sigan en prisión preventiva porque supieron desde el mes de febrero pasado que un lote de carne mechada comercializada bajo la marca «La Mechá» estaba contaminada con esta bacteria que ha causado 217 intoxicaciones, tres muertes y siete abortos en Andalucía.
«Si bien pretende ahora responsabilizar a los laboratorios y administraciones de lo ocurrido, hecho que sin duda va a ser investigado por este Juzgado, es de sentido común que debió adoptar medidas al menos en el mes de febrero de 2019 cuando supo de la presencia de la bacteria en un lote de carne mechá, pero se limitó únicamente a tirar a la basura el lote contaminado, como él mismo indicó ante este Juzgado, sin que adoptara las más mínimas medidas y precauciones para evitar el resultado que desgraciadamente tuvo lugar , ni puso en marcha un plan para garantizar la seguridad del producto, ni aplicó un plan de limpieza, ni siquiera lo comunicó a sus trabajadores, ni puso en marcha medidas correctoras para restablecer las condiciones adecuadas», explica la juez Ordóñez en un auto donde mantiene las medidas cautelares contra los dueños de Magrudis.
La instructora acusa a padre e hijo de destruir pruebas cuando estalló el brote. Argumenta que «en algunas de las conversaciones telefónicas mantenidas» entre José Antonio Marín y algunos trabajadores y comerciales « se ordenaba quitar información de la empresa y tirar a la basura unas tarrinas recogidas, es decir, destruir documentos y deshacerse de productos elaborados por Magrudis, sin olvidar la ocultación de información a las autoridades sanitarias en el mes de agosto, por parte de ambos investigados, ya que el día 14 de agosto se le solicita por primera vez información y que faciliten listado de distribución y entregan una lista de clientes incompleta, y con posterioridad, tras nuevos requerimientos, un simple listado de proveedores sin datos de trazabilidad alguna».
La juez relata que «el 17 de agosto se les solicita información de otros productos, a lo que José Antonio Marín manifiesta que no seguirá dando información sin documentación y sin el correspondiente procedimiento, ocultando la existencia de la marca blanca , que fue detectada por la autoridad sanitaria el día 21 de agosto de 2019, y ocultando información esencial para evitar que las personas continuaran consumiendo productos infectados ocultando la fabricación de chorizo, que fabricaron hasta julio de 2019, cuando les fue requerido el listado de productos Magrudis».
La instructora decide mantener la prisión provisional al considerar, en primer lugar, que «existen indicios racionales de criminalidad» contra ambos, a los que se atribuyen inicialmente un presunto delito contra la salud pública en su modalidad de fraude alimentario , tres delitos de homicidio por imprudencia, dos delitos de lesiones a feto con resultado de aborto y lesiones imprudentes a un número de personas aún no determinado «que pudiera ascender a 200 personas».
Por último, apunta la juez que «debemos evitar la reiteración delictiva, pues si bien es cierto que las naves se encuentran precintadas, aún no se sabe con seguridad cuantos lotes de carne mechada y de los otros productos han sido contaminados, ni si se ha producido la efectiva retirada del mercado de los mismos, siendo necesario recabar dicha información».
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