Caso listeriosis
La juez embarga los bienes a los dueños de Magrudis
Cuentas corrientes, vehículos y naves deben hacer frente a una fianza de 5 millones de euros
El Juzgado de Instrucción número 10 de Sevilla , que investiga el brote de listeriosis del pasado verano, ha decretado el embargo de los bienes de los investigados, todos vinculados a la empresa Magrudis , para asegurar los cinco millones de euros de fianza que le impuso el 27 de febrero.
En el decreto la juez refiere el embargo de «las cantidades que posean en las cuentas corrientes a la vista en entidades financieras«, del dueño de Magrudis, J osé Antonio Marín Ponce , y sus hijos Sandro José y Mario , según ha informado la acusación particular que ejerce Facua,
En cuanto a Sandro José, se le embargan un vehículo del que consta como titular, una cuenta de valores, los derechos que posee sobre la marca 'La Mechá del todo natural' y, como administrador y socio único de Magrudis, las participaciones que tenga en la mercantil.
La instructora también ordena el embargo de todas las cantidades que Magrudis posea en sus cuentas corrientes, varios vehículos de los que consta como titular y la nave industrial en la que explotaba su negocio junto con todo lo que allí haya, aunque esa acción se posterga a cuando finalice el estado de alarma.
Respecto a la otra empresa investigada, Elaborados Cárnicos Mario SLU , la juez embarga las cantidades que posea en sus cuentas corrientes y la nave industrial donde desarrollaba su actividad.
A Mario Marín, administrador y socio único de esa sociedad, se le embargan sus participaciones .
El decreto también embarga a la esposa y la cuñada del dueño de Magrudis las cantidades que posean en cuentas corrientes, los derechos sobre un plan de pensiones de la primera y un inmueble de Dos Hermanas de la segunda.
Contra este decreto de embargo cabe interponer recurso directo de revisión en el plazo de cinco días desde su notificación.
Por esta causa permanecen en prisión provisional desde septiembre de 2019 tanto José Antonio Marín como su hijo Sandro.
La jueza atribuye a los investigados un delito contra la salud pública en su modalidad de fraude alimentario, cuatro homicidios por imprudencia, seis delitos de aborto por imprudencia y delitos de lesiones por imprudencia «cuyo número exacto aún está por determinar».
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