La juez descarta tomar medidas de protección con los hijos de Juana Rivas

La última decisión adoptada ayer por el Juzgado de Violencia sobre la Mujer que es competente en el caso de Juana Rivas ha sido desestimar la petición de medidas de protección sobre los hijos de la madre granadina —que desde el lunes se encuentran con el padre— porque dicha medida, solicitada por el Centro de Información a la Mujer de Maracena , las había formalizado su asesora, Francisca Granados, que no ejerce de abogada de la madre. El mismo juzgado ha tenido que clarificar qué abogado ejercerá desde ahora la defensa de Juana Rivas, ya que había varios personados en su nombre frente a lo que marca la ley.

La medida vuelve a poner en cuestión el papel de asoramiento que ha jugado Granados en el caso . Precisamente el miércoles, tanto Francisca Granados como la psicóloga María Teresa Sanz , ambas funcionarias del Centro de la Mujer de Maracena, acudieron a los juzgados de Granada en calidad de investigadas por su papel en el caso. Tanto una como otra se acogieron a su derecho a no declarar ante la juez que dirime la presunta comisión de los delitos de desobediencia y sustracción de menores por parte de la madre de Granada que permaneció un mes en paradero desconocido tras negarse a entregar a sus hijos al padre.

A su salida de los juzgados, y rodeadas de otras profesionales y mandatarios socialistas de su localidad, las dos funcionarias del Centro de la Mujer de Maracena se desmarcaron de cualquier posible ilegalidad. «Jamás hemos inducido o apoyado la comisión de ningún delito», apuntaron . Francisca Granados añadió que su rol en el caso de Juana Rivas se enmarca dentro de las «funciones» que les competen y que han hecho su trabajo «de la mejor manera posible»: «Tarde o temprano se hará justicia», añadió.

Granados reiteró que J uana Rivas «no ha sido bien tratada» por los tribunales, que han omitido el hecho de que se trata de un caso de violencia de género que aún no ha sido cerrado. Granados aludió a la denuncia que Rivas interpuso en 2016 contra Francesco Arcuri tras regresar de Italia a España. El Juzgado de Violencia sobre la Mujer 2 de Granada trasladó a la Fiscalía la petición de reactivar la causa antes citada, a lo que el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía contestó ayer que será la justicia italiana la que resuelva la denuncia y sólo cuando se cumplan los plazos legales será posible su reapertura.