Corrupción
El juez del caso ERE amplía la investigación a UGT y CCOO y a 27 federaciones de ambos sindicatos
Libra oficios al Ministerio de Trabajo y a la Junta para que aporte documentación acreditativa sobre dichas organizaciones
Casi diez años y medio después de la apertura de las diligencias previas 174/2011, el denominado caso ERE sigue deparando sorpresas. El juez de refuerzo del juzgado de Instrucción número 6 de Sevilla, José Ignacio Vilaplana, acaba de ampliar las pesquisas de la pieza matriz de esa macrocausa a los sindicatos Comisiones Obreras y la Unión General de Trabajadores (UGT) y a 27 federaciones sectoriales de dichas organizaciones.
Mediante una providencia dictada el pasado 21 de mayo a la que ha accedido ABC, el magistrado ha librado dos oficios, uno enviado al Ministerio de Trabajo y Economía Social del Gobierno central, y otro dirigido a la actual Consejería de Empleo, Formación y Trabajo Autónomo de la Junta de Andalucía, en las que les solicita documentación acreditativa sobre las citadas organizaciones.
La investigación se centra en un procedimiento fraudulento y opaco de ayudas, autorizado y alimentado durante nueve años (2000-2009) a través de los sucesivos presupuestos de la Junta, sostiene el tribunal. En su sentencia, que está pendiente de revisar por el Tribunal Supremo, la Sección Primera de la Audiencia Provincial de Sevilla condenó a dos expresidentes, Manuel Chaves y José Antonio Griñán ; una exministra, Magdalena Álvarez; un exvicepresidente autonómico, Gaspar Zarrías; cuatro exconsejeros... y así hasta sumar 19 ex altos cargos, por delitos de prevaricación y/o malversación. Diez de los acusados se enfrentan a penas de hasta siete años de cárcel y al resto los inhabilitó. Sólo se salvaron dos: el ex interventor general y el jefe jurídico de la Junta, que resultaron absueltos.
El magistrado se centra ahora en la labor desempeñada por los sindicatos, que actuaron como intermediarios en la gestión de ayudas irregulares . A la Subsecretaría General de Trabajo y Economía Social del citado ministerio dirigido por Yolanda Díaz (Unidas Podemos) le reclama la certificación acreditativa o justificativa de la personalidad jurídica, «con indicación de la adquisición/cese de dicha personalidad» de una relación de 29 entidades: las dos centrales sindicales y sus respectivas federaciones. También solicita el juez la certificación acreditativa del NIF de cada entidad u organización sindical y el certificado del domicilio de cada una de ellas.
Documentación acreditativa
En el caso de Comisiones Obreras, en virtud de la citada providencia, el magistrado instructor del caso ERE requiere al Gobierno la referida documentación sobre la Confederación Sindical de Comisiones Obreras y de su franquicia en Andalucía , así como de catorce federaciones más a nivel estatal y regional (Industria; Textiles, Químicas y Afines; Actividades Diversas; Construcción y Servicios y Minerometalúrgica). En total son 16 organizaciones vinculadas a este sindicato. En el caso de la UGT, el instructor del caso ERE reclama informes sobre las centrales a nivel estatal y autonómico, además de 12 federaciones más (Industrias Afines; Agroalimentaria; Metal, Construcciones y Afines, Industria y Trabajadores Agrarios...)
En la misma providencia, el juzgado requiere a la Consejería de Empleo los certificados sobre la personalidad jurídica, los NIF y los domicilios de quince entidades vinculadas a ambosl sindictos. La resolución ha sido remitida a la Fiscalía y al resto de partes personadas en el caso para que formulen recursos de reforma si lo consideran oportuno.
Noticias relacionadas
