CASO ERE ANDALUCÍA
La juez del caso ERE abre la investigación de Mercasevilla tras pedirlo la Fiscalía hasta tres veces
El Ministerio Público ya pidió la apertura de estas diligencias separadas en octubre de 2015 y junio de 2016, sin que le hiciera caso
La juez que instruye el caso ERE, María Núñez Bolaños, acaba de tomar una decisión que la Fiscalía llevaba demandando desde hace 33 meses . Hasta tres escritos ha presentado el Ministerio Público (octubre de 2015, junio de 2016 y julio de 2018) hasta que finalmente le ha hecho caso.
El 15 de octubre de 2015 los fiscales delegados de Anticorrupción Juan Enrique Egocheaga y María José Sánchez Martínez dirigieron un escrito a la magistrada pidiéndole que formara una pieza separada del caso ERE para investigar las ayudas de la Junta de Andalucía concedidas a Mercasevilla en 2003 y 2007, donde se hallaron los tres primeros intrusos o personas ajenas a la empresa que cobraron ayudas a la prejubilación.
Mediante una escueta providencia dictada el pasado 17 de julio, a la que ha tenido acceso ABC, la titular del juzgado de Instrucción número 6 de Sevilla crea una investigación centrada en los ERE de Mercasevilla que desgaja de la macrocausa troncal abierta por la juez Mercedes Alaya en enero de 2011 y que ha acabado sentando en el banquillo a dos expresidentes autonómicos, Manuel Chaves y José Antonio Griñán.
La providencia se limita a dar un nombre a las nuevas diligencias previas (1619/18), pero no dicta un auto acordando la toma de declaración a investigados. Para « avanzar en la determinación de los hechos y las personas responsables », la Fiscalía había solicitado ya en 2015 que se interrogara como imputados a 12 miembros del comité de empresa de Mercasevilla que negoció los dos ERE de 2003 y 2007 con la dirección de la sociedad, así como la financiación y las condiciones de las pólizas de prejubilación. Este trámite es fundamental en una investigación para evitar la prescripción de los delitos. Ninguno de ellos, delegados sindicales, está imputado en esta causa.
La Fiscalía pide que declaren como investigados doce miembros del comité, pero la instructora no ordena estas diligencias
El plazo legalmente establecido para perseguir un delito de malversación —de diez o quince años, dependiendo de la cuantía defraudada— se interrumpe en el momento que se inicia un procedimiento judicial contra el encausado. Y esto no ha sucedido hasta ahora, a excepción de las nueve personas que ya declararon como imputados cuando instruía el caso Mercedes Alaya, entre los que se encontraban los directivos de la lonja sevillana Fernando Mellet y Daniel Ponce ; el exdirector general de Trabajo Francisco Javier Guerrero, el conseguidor de ayudas Juan Lanzas; dos responsables de la mediadora Vitalia, Jesús Bordallo y Antonio Albarracín; el exdelegado de Empleo en Sevilla Antonio Rivas, y el primer intruso hallado en un ERE, Antonio Garrido Santoyo, exdirigente del PSOE de Baeza (Jaén).
En su último escrito, del pasado 11 de julio, que ha dado pie a la juez a mover ficha, la Fiscalía advierte de la demora de esta investigación. «Al objeto de evitar nuevos retrasos en la tramitación de las presentes diligencias y del resto que se han desgajado» de la causa matriz, Anticorrupción solicita a la instructora que «a la mayor brevedad posible» solicite refuerzos «personales y materiales» a la Administración y al Tribunal Superior de Justicia de Andalucía «atendiendo a la actual carga de trabajo del juzgado».
Los fiscales también piden que sean incorporadas a las diligencias los informes de la Dirección General de Seguros y de la Guardia Civil, así como las declaraciones ya prestadas por nueve imputados.
El Ministerio Público recuerda que existe una pieza abierta sobre cuatro facturas emitidas por Mercasevilla al entramado empresarial del llamado conseguidor de los ERE, Juan Lanzas , por trabajos para la lonja que supuestamente no se realizaron y que fueron objeto de facturas «falsas». En esta causa ya están investigados el exdirigente de UGT, su cuñado Ismael Sierra y el exdirector de Mercasevilla Fernando Mellet. Sin embrago, esta investigación no abarcaba las ayudas públicas recibidas por la lonja sevillana para sus dos expedientes de regulación de empleo.
Quien fuera director general de Trabajo, Francisco Javier Guerrero, firmó un protocolo con Mellet en diciembre de 2003 para la prejubilación de 56 trabajadores en el ERE por el que la Junta de Andalucía se comprometió a pagar 6,38 millones de euros y Mercasevilla 684.000 euros. Cuatro de los trabajadores no tenían aún ni 50 años.
En este ERE fue incluida Carmen Fontela, vecina y amiga del comercial de la mediadora Vitalia Francisco González que nunca trabajó en la lonja.
Cuatro años después, en 2007, Mercasevilla promovió otro ERE para 39 trabajadores en el que no consta concesión de subvención de la Junta ni convenio con la empresa. Sin embargo, aparecen tres pagos ordenados por Guerrero a Vitalicio, un ERE en el que también fueron incluidos dos «intrusos», Antonio Garrido Santoyo que no trabajaba en la lonja y José Antonio Rivera Martín, que no cumplía los requisitos.
