Caso ERE Andalucía
El juez del caso ERE abre diligencias contra Chaves y Zarrías por su préstamo ilegal a la fábrica de chorizos
Atiende la petición de Anticorrupción y acuerda investigar al expresidente de la Junta de Andalucía y a cinco exconsejeros por prevaricación y malversación
El juez que instruye el caso ERE, José Ignacio Vilaplana , ha abierto unas diligencias previas para investigar al expresidente de la Junta de Andalucía Manuel Chaves , ya condenado en la pieza política de esta macrocausa, y otros cinco exconsejeros de sus gobiernos por el préstamo-puente irregular de 5,83 millones de euros concedido por el Consejo de Gobierno en noviembre de 1999 a Campocarne Andalucía S.A. para reflotar la fábrica de chorizos y embutidos Hijos de Andrés Molina S.A. (Hamsa), según han adelantado a ABC fuentes del caso.
Mediante dos autos dictados este martes, el magistrado atiende la petición realizada el pasado 18 de noviembre por la Fiscalía Anticorrupción, que le había solicitado llamar como investigados a Manuel Chaves , expresidente de la Junta de Andalucía durante 19 años, y al exconsejero de la Presidencia Gaspar Zarrías y a otras 13 personas por los supuestos delitos de prevaricación y malversación en la concesión de ayudas excepcionales a la citada empresa cárnica de Jaén.
En un primer auto, según informa el TSJA, el magistrado acuerda deducir testimonio íntegro y completo de las actuaciones e abre nuevas diligencias previas para investigar a quince personas por supuestos delitos de prevaricación administrativa y malversación de fondos públicos .
Además de Chaves y Zarrías, el juez instructor investiga a los exconsejeros Guillermo Gutiérrez, José Antonio Viera, Antonio Fernández y Francisco Vallejo ; el ex viceconsejero de Innovación Jesús María Rodríguez Román; el ex director de Trabajo y Seguridad Social Francisco Javier Guerrero; el ex presidente del IFA Salvador Durbán; el ex director de la agencia IDEA Miguel Ángel Serrano, y cinco directivos de la empresa.
El magistrado asegura que los hechos «podrían presentar características que hacen presumir la posible existencia de una infracción penal», por lo que «resulta pertinente la apertura de una nueva causa de diligencias previas que tenga por objeto determinar y verificar los indicios racionales de criminalidad que se desprenden de la concesión» a Campocarne Andalucía S.A. de un préstamo puente de 970 millones de pesetas –5,8 millones de euros-, otorgado por el antiguo Instituto de Fomento de Andalucía (IFA) y aprobado en virtud de acuerdo del Consejo de Gobierno de la Junta el 9 de noviembre de 1999 (formalizado en escritura pública de 22 de diciembre de 1999).
El acuerdo, desvelado por ABC, fue adoptado por el Consejo de Gobierno el 9 de noviembre de 1999
El acuerdo fue adoptado por el Consejo de Gobierno el pasado 9 de noviembre de 1999 sin los preceptivos informes de la Intervención General de la Junta de Andalucía y del Gabinete Jurídico, después de que la Comisión Europea hubiera declarado ilegales las primeras ayudas concedidas a Hamsa. ABC ha tenido acceso a este acuerdo que había permanecido oculto hasta ahora y que revela la implicación de la antigua cúpula del Gobierno socialista en las ayudas que dieron origen al sistema fraudulento de los ERE.
El juez considera que, bajo la apariencia de un préstamo, el Gobierno socialista « podría haberse simulado una ayuda pública directa , otorgada sin sujeción a los principios y procedimientos legalmente aplicables, con el consiguiente menoscabo de los fondos públicos comprometidos», una operación que no «tendría vinculación alguna» con el denominado procedimiento específico (la única pieza separada de los ERE que se ha juzgado y sentenciado) ni con las indebidas transferencias de financiación articuladas en virtud del mismo –a los fines indicados- en favor de IFA/IDEA.
El juez coincide con el Ministerio Público que los hechos investigados en esta nueva pieza separada «no habrían prescrito» teniendo en cuenta que, «a fecha 1 de febrero de 2005, el préstamo no habría sido amortizado y que aún entonces no habría sido declarado impagado o fallido –ni considerado un gasto/pasivo para IFA/IDEA-».
Para indagar en esta ayuda, el magistrado solicita documentación a la agencia IDEA, a las consejerías de Presidencia y Empleo , y a la Intervención de la Junta, para que la aporten «a la mayor brevedad posible». Declara compleja la causa y señala un plazo de 18 meses para la instrucción del mismo, «sin perjuicio de lo que pueda acordarse posteriormente».
En un escrito fechado el 18 de noviembre, el Ministerio Público pidió al Juzgado de Instrucción número 6 que incoara diligencias previas para investigar las subvenciones concedidas en 1999 a la empresa Hijos de Andrés Molina (Hamsa), luego Campocarne y Primayor .
Anticorrupción solicitó que se investigue a otras trece personas, entre ellas ex altos cargos de la Junta como los exconsejeros José Antonio Viera, Antonio Fernández y Francisco Vallejo , también condenados en la causa del procedimiento específico de los ERE, y el exconsejero de Trabajo e Industria Guillermo Gutiérrez.
Chaves ya fue condenado a 9 años de inhabilitación especial por prevaricación en la pieza política de los ERE, cuya sentencia fue notificada el pasado 19 de noviembre. Los otros ex altos cargos para los que la Fiscalía pide investigación son el ex director general Francisco Javier Guerrero , el exviceconsejero Jesús María Rodríguez, el ex presidente de IFA Salvador Durbán y el exdirector de esta misma agencia pública cuando pasó a denominarse IDEA Miguel Ángel Serrano .
Tras analizar la documentación relacionada con el caso Hamsa, una pieza separada de la causa matriz de los ERE, la Fiscalía comprueba que la Junta concedió ayudas sociolaborales a Hamsa y luego a Primayor «tendentes a costear los planes de prejubilación» de sus trabajadores. «De manera paralela en el tiempo», el Gobierno andaluz decidió dar otras ayudas «a modo de anticipo bajo la figura de un préstamo puente» por un importe máximo de 970 millones de pesetas ( 5,8 millones de euros ), con un plazo de amortización de seis años y tres de carencia.
Anticorrupción solicita al juez que incoe una nueva pieza cuyo objeto sería «determinar y verificar los indicios racionales de criminalidad» que advierten en la concesión de ese crédito puente, ya que «podría deducirse que bajo el paraguas formal de un préstamo se decidió realmente disponer arbitrariamente de los fondos públicos sin sujeción a procedimiento alguno ni control para beneficiar directamente a Campocarne e, indirecta y posteriormente, a Primayor».
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