El juez da carpetazo a la causa contra UGT y CCOO por la gestión de las Residencias de Tiempo Libre
La Fiscalía ve «desidia» en la actuación de la Junta para recuperar los 6,1 millones de euros que adeudaban los sindicatos a las arcas públicas; el juez señala «abandono» por los responsables de Empleo, pero en ningún caso aprecian delito
El juez de Instrucción número nueve de Sevilla ha dado carpetaz o a la causa en la que se investigaba a las anteriores cúpulas de UGT y CCOO en Andalucía por malversación y a los ex directores generales de Trabajo socialista de la Junta por prevaricación por la gestión de los sindicatos de las Residencias de Tiempo Libre . Tenían que haber abonado 6,1 millones a las arcas públicas por la gestión de dichos centros entre los años 2003 y 2006 . La Fiscalía ve «desidia» en la actuación de los ex altos cargos de Empleo para recuperar dicho dinero y el instructor detecta «cierto abandono» para dicha reclamación, pero no aprecian actuación delictiva en los investigados.
La Fiscalía presentó un escrito el pasado mes de septiembre en el juzgado que llevaba el caso solicitando el sobreseimiento provisional y el archivo de las actuaciones , petición que ahora ha sido acordada por el instructor en un auto de 26 de octubre, al que ha tenido acceso este periódico. En esta causa estaban investigados los ex líderes sindicales andaluces como Manuel Pastrana o Francisco Carbonero.
El Ministerio Público, en dicho escrito, exponía que la Intervención General de la Junta de Andalucía había detectado que las cantidades que los sindicatos UGT y CCOO tenían que haber abonado a la Administración autonómica por la gestión de las Residencias de Tiempo Libre en el periodo de tiempo comprendido entre los años 2003 a 2006 ascendería a 4.027.144,64 euros en el caso de CCOO y 2.155.295,78 euros, por parte de UGT .
En 2005 el Tribunal Supremo acordó poner fin a la gestión por parte de las centrales sindicales UGT y CCOO de las Residencias de Tiempo Libre. Pero desde entonces pasaron los años sin que los distintos gobiernos socialistas en Andalucía llevaran a cabo acción alguna para reclamar las millonarias cantidades adeudadas.
Inacción de los gobiernos socialistas
Habría que esperar hasta el 29 de julio de 2015, mes y medio después de que Susana Díaz fuera investida presidenta de la Junta, para que la Secretaría General de Empleo abriera un procedimiento administrativo para reclamar 4,02 millones a CCOO y 3,37 millones a UGT. Pero las centrales sindicales recurrieron dicha en la resolución. Fue el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía quien resolvió el asunto. En dos sentencias dictadas en marzo y abril de 2017, las Secciones Tercera y Primera de la Sala de lo Contencioso-Administrativo estimaron los recursos de los sindicatos: el derecho para exigir el cobro había prescrito .
Pese a los oficios enviados por el Gabinete Jurídico a la Dirección General de Relaciones Laborales en mayo de 2017 para advertirle de «la procedencia de exigir responsabilidades contables y, en su caso, penales» por la gestión de los sindicatos y la deuda contraída con las arcas públicas, el Gobierno de Susana Díaz no movió ficha. Y esta inacción tuvo consecuencias, pues «la posible responsabilidad contable de las organizaciones sindicales también prescribió». Sólo quedaba la vía penal . En 2019, ya con el PP y Ciudadanos en la Junta, se trasladaron todos los documentos a la Fiscalía, que denunció el asunto por un posible delito de malversación de caudales públicos y otro de prevaricación.
La Fiscalía, en su escrito presentando en el juzgado, expone que una vez realizada la instrucción hay que plantearse «hasta que punto puede hablarse de apoderamiento por parte de aquellos (responsables sindicales) de estas cantidades, desde el momento en que las mismas han estado reflejadas durante todos estos años en su apuntes contables como créditos inmovilizados a disposición de la Junta de Andalucía hasta el momento en el que ésta los reclamase».
La deuda estaba reconocida
Sobre el delito de prevaricación omisiva que se centra en el hecho de no haber sido reclamadas esas cantidades por los diferentes directores generales de Trabajo de la Consejería de Empleo (Francisco Javier Guerrero, ya difunto, Juan Márquez y Daniel Alberto Rivera), es sabido que la prevaricación exige un comportamiento esencialmente doloso, ánimo que tampoco se aprecia en este caso.
La liquidación de las cantidades que se debían se realizó mediante oficio de 3 de abril de 2006 dirigido a los representantes de las centrales sindicales. En este punto, la testifical de la jefa de servicio de la Consejería expone que con el cambio en la gestión de las residencias, aquella documentación quedó en cierto modo «cerrada», siendo así que cuando se comprobó que esas cantidades no se habían abonado, se puso de nuevo en pie el mecanismo para reclamar su pago.
Esta funcionaria manifestó que era una documentación amplia, que «estaba dispersa y desordenada», que no se consiguió esclarecer hasta el año 2012 , siendo entonces cuando se inicia el procedimiento para su reclamación mediante la petición previa al Servicio de Legislación de informe en orden a la prescripción de las acciones para exigir el pago.
Según la Fiscalía, «puede entenderse que existiría una cierta desidia (por los responsables públicos) en el cobro de esas cantidades pero más por las circunstancias concurrentes que por una verdadera y real intención de no reclamar esas cantidades para así beneficiar a los deudores».
No actuaron «a sabiendas»
Atendiendo a la solicitud de la Fiscalía y a la instrucción realizada, el juez señala que no hay indicios que permitan concluir que existió actuación delictiva por parte de los investigados. Sobre las cantidades adeudadas por los sindicatos, apunta que éstas, que ascienden a 6,1 millones, estuvieron contabilizados en los libros correspondientes de UGT y CCOO, pendientes de la eventual reclamación de la Junta.
Tampoco aprecia el instructor que los directores generales de Empleo socialistas dejaran de reclamar la deuda de forma dolosa. Sí ve, en cambio, un contexto de retraso y «cierto abandono» por parte de la Consejería en dichas reclamaciones, pero no quiere decir esto que actuaron a «a sabiendas» para eximir a los sindicatos de devolver cualquier cantidad. «No hay irregularidad desde el punto de vista penal». Se agota de esta forma la última forma de reclamar el dinero para las arcas públicas.
Noticias relacionadas
