Tribunales
La juez busca los 80,5 millones concedidos a Isofotón en 500 actas de los gobiernos socialistas de Andalucía
Reclama los acuerdos de los Consejos de Gobierno sobre las ayudas dadas a la empresa solar
La investigación judicial del supuesto desvío de ayudas millonarias concedidas por la Junta de Andalucía a la empresa solar Isofotón S.A. ha subido un peldaño en la escalera de responsabilidades de los antiguos gobiernos del PSOE. La juez de Instrucción número 3 de Sevilla, Patricia Fernández Franco, ha pedido a la Consejería de la Presidencia de la Junta que «aporte» las más de 500 actas de las sesiones del Consejo de Gobierno andaluz celebradas entre los ejercicios 2005 a 2015, ambos incluidos, en busca de los acuerdos adoptados para beneficiar a la extinta compañía malagueña. Los gobiernos socialistas concedieron a Isofotón 80,5 millones de euros mediante ayudas a fondo perdido y préstamos plagados de irregularidades, de los que se investigan 44,15 millones que llegó a cobrar y no devolvió.
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La iniciativa parte de los fiscales delegados de Anticorrupción María Nazaret Salguero y Fernando Soto, que solicitaron las actas de las reuniones de los exmandatarios con sus consejeros. Para reclamar las actas, la instructora dictó una providencia el pasado 13 de octubre, adelantada por ABC en su versión digital , en la que también acepta la personación del PP andaluz como acusación popular.
La actual ministra de Hacienda, María Jesús Montero participó en dichos consejos
La Fiscalía y la juez tratan de conocer la implicación del máximo órgano ejecutivo de la comunidad autónoma en la aprobación de las ayudas otorgadas por la agencia autonómica IDEA y su filial Soprea a la empresa de energía fotovoltaica, hoy en liquidación. La actual ministra de Hacienda, María Jesús Montero participó en dichos consejos, primero, en su condición de consejera andaluza de Salud y, después, como titular autonómica de Hacienda, entre 2013 y 2018.
Fuerte inyección de fondos públicos
Los gobiernos socialistas hicieron una fuerte inyección de fondos públicos a Isofotón S.A. entre 2005 y 2012, incluso con las cuentas de resultados en números rojos y supuestamente maquilladas, con la connivencia de excargos del Ejecutivo andaluz, según el escrito de la Fiscalía que impulsa esta investigación. En el año 2010, la factoría malagueña fue vendida por el precio simbólico de 1 euro. En enero de 2014 echó el cierre y despidió a sus últimos 297 trabajadores. Entre 2010 y 2012, la Junta le concedió 29 millones a través de avales y un préstamo de 8,39 millones. Los Consejos de Gobierno ratificaron entre 2007 y 2011 avales dados a Isofotón por importe de más de 71 millones, que al superar el umbral de los 1,2 millones exigieron el permiso del Consejo de Gobierno.
La juez ha citado hoy a declarar como investigados a tres exdirectivos de la empresa, los hermanos Ángel Luis y Diego Serrano y Óscar López, quien figuró como apoderado. Además están encausados 37 ex responsables de la Junta por supuestos delitos de malversación de fondos públicos, prevaricación y falsedad documental. Los investigados de mayor rango son los exconsejeros Antonio Ávila (Economía), Manuel Recio (Empleo), Martín Soler y Francisco Vallejo (Innovación).
La Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de la Policía Nacional acusó a ex altos cargos de los Ejecutivos de Griñán y de Susana Díaz de «ocultarle» hasta «en tres momentos» la concesión de ayudas por 43 millones en 2007 a la firma, de los que habría cobrado más de 6 millones.
Ribera: «No tuve poderes»
La vicepresidenta cuarta del Gobierno y ministra para la Transición Ecológica, Teresa Ribera, fue fichada como directiva de Isofotón para pilotar un plan de expansión internacional financiado con un préstamo de 8,3 millones de la Junta. En la sesión de control al Gobierno celebrada ayer en el Congreso, el PP le preguntó por este asunto y acusó a Ribera de estar «salpicada por una trama corrupta» en la empresa. El diputado Juan Diego Requena le reprochó a la ministra que es «protagonista de una puerta giratoria vergonzosa» que «ha costado 80 millones de dinero público para que trabajara» en la malograda empresa. La vicepresidenta cuarta le rebatió que «ha pinchado hueso» porque «ni tuve poderes ni tuve firma jamás en esa compañía».
