POLÍTICA
Jubilarse en el Parlamento andaluz tiene premio
Los funcionarios reciben 36.000 euros y los trabajadores de la Oficina del Defensor del Pueblo exigen los mismos privilegios
Jubilarse en el Parlamento de Andalucía tiene premio. La Cámara autonómica paga una gratificación de 36.060,73 euros a todos los funcionarios que se retiren a partir de los 65 años y que hayan permanecido de manera ininterrumpida durante los diez años anteriores al cumplir dicha edad o durante un lustro siempre que hayan estado trabajando al menos quince años en la institución. Esta prima ha provocado una sensación de agravio en otros funcionarios autonómicos que no tienen reconocido este derecho.
El 18 de mayo de 2005, con la exconsejera Mar Moreno de presidenta, la Mesa del Parlamento -el órgano encargado de organizar el trabajo interno de la Cámara, integrado por diputados del PSOE, PP e IU- instauró el denominado «premio de jubilación». Un incentivo del que se benefician tanto el personal laboral fijo que está al servicio de la institución como los funcionarios interinos y eventuales que se jubilen al cumplir 65 cuando hayan estado una década en nómina. Tal gratificación ha sobrevivido a los recortes salariales que la Junta impuso a sus empleados públicos a partir de 2012 para reducir el déficit y cumplir con las directrices del Gobierno central.
El objetivo del premio de jubilación, tal y como se recogió en el texto del acuerdo, era evitar que el personal alargue su vida laboral más allá de los 65 años. La Mesa del Parlamento argumentó que era «conveniente» incentivar «la no prolongación de la jubilación después de cumplirse los 65 años, facilitándose, por una parte, la posibilidad de acceso de nuevas generaciones a la función pública parlamentaria y/o la promoción de funcionarios a los puestos que dejen vacantes los jubilados». Además, pretende favorecer «el descanso del personal, al servicio del Parlamento de Andalucía, con una edad avanzada». En el acuerdo se advierte de que esta prima ya funciona en otras cámaras autonómicas como la Asamblea de Madrid, la de Extremadura, así como los parlamentos catalán, canario, balear o cántabro.
Para cobrar el incentivo íntegro, la norma interna exige jubilarse a los 65 años. A partir de esa edad, la asignación económica va menguando por cada año de más que el funcionario sexagenario se decida a seguir trabajando. Para calcular la cuantía de este premio se estableció una escala. Si el funcionario no se jubila hasta los 66 años, percibirá 28.848,58 euros; 21.636,44 euros hasta los 67; 14.424,29 hasta los 68; 7.212,15 euros, hasta los 69 y si prolonga su servicio activo hasta los 70, entonces percibirá 150 euros por año de servicio, con un mínimo de 3.000 euros. Esta última es la gratificación fijada para los funcionarios de la Junta de Andalucía, con la excepción de los del Parlamento y la Cámara de Cuentas de Andalucía, que disfrutan de unas condiciones más ventajosas, que obviamente son incompatibles con cualquier otra gratificación.
Esta prerrogativa de la que disfrutan más de 220 trabajadores ha sido reclamada por empleados de otras instituciones de extracción parlamentaria como la Oficina del Defensor de Pueblo Andaluz. Hasta en dos ocasiones, el órgano de representación del personal ha solicitado el premio de jubilación de los funcionarios del Parlamento y dos veces ha sido también rechazada su propuesta por la junta de coordinación, el órgano de gobierno de la Oficina del Defensor del Pueblo, con el argumento de que reconocer este derecho constituiría un agravio con respecto a otros colectivos de funcionarios que han visto mermados sus salarios y pagas extraordinarias por la poda presupuestaria.
Pago diferido
El Parlamento se reservaba la facultad de diferir el pago al ejercicio siguiente «por razones de disponibilidad presupuestaria o a petición de los interesados». Durante el pasado año, abonó 108.000 euros extra a trabajadores que se jubilaron. En lo que va de ejercicio, ya ha gastado en este incentivo 72.000 euros, según los datos de ejecución presupuestaria que publica la Consejería de Hacienda.
Por primera vez, tras los años más duros de la crisis, el 17 de marzo de 2015 la Mesa de la Diputación Permanente, el órgano que representa a la Cámara entre periodos de sesiones, introdujo una reducción pero limitada únicamente a aquellos funcionarios que se jubilen después de los 65 años. Pero el premio de los 36.060,73 euros permanece inalterable para el resto. Acordó que «se minore la cantidad a percibir en concepto de premio de jubilación para aquellos que a la entrada en vigor de dicho acuerdo [el del 18 de mayo de 2005] hubieran optado por prolongar su permanencia en esta Cámara después de cumplidos los 65 años de edad», según especifica el texto publicado en el Boletín Oficial del Parlamento de Andalucía.
El premio de jubilación no es la única recompensa que reciben los trabajadores del Parlamento. Con el fin de preservar la «paz social» con los sindicatos, la Cámara autonómica, bajo la presidencia del socialista Manuel Gracia, los libró de la supresión de la paga extraordinaria que el Gobierno andaluz aplicó en 2012 a los 270.000 empleados públicos autonómicos –dinero que empezarán a recuperar en 2016-, estipulada en la Ley 3/2012, de 21 de septiembre, de Medidas Fiscales, Administrativas, Laborales y en materia de Hacienda Pública para el reequilibrio económico-financiero de la Junta. Además, conservaron las demás ayudas de acción social, que cubren desde gastos médicos hasta becas de estudio eliminadas o recortadas al resto de empleados.
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