POLÍTICA
La izquierda andaluza hace un frente común contra los Presupuestos del Estado mientras el líder del PP-A calla
Sectores del Partido Popular andaluz se muestran contrarios a la falta de inversiones en proyectos clave
El discurso beligerante de la Junta de Andalucía con respecto a los Presupuestos Generales del Estado para 2017 no se ha quedado sólo en palabras . La confrontación con el Gobierno de Rajoy tendrá consecuencias legales porque la consejera de Hacienda y Administración Pública, María Jesús Montero , ha anunciado que impugnará las cuentas si finalmente se aprueban tal y como se han anunciado, con una reducción del 36,6% en las inversiones en este ejercicio con respecto al año 2016.
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Los argumentos del Gobierno andaluz para dar este paso se basan en el Estatuto de Autonomía. Según recoge la Disposición Adicional Tercera, Andalucía debe recibir cada año un porcentaje de inversión del Estado equivalente a su peso poblacional . Según las cuentas presentadas por el Gobierno central, a Andalucía corresponde el 13,5% de la inversión total del Estado para este año 2017 aunque el peso poblacional de los andaluces es del 18%.
La inversión del Estado en Andalucía en 2017 debería llegar hasta 1.547 millones para cumplir la legalidad
La consejera de Hacienda, María Jesús Montero, ha explicado que la inversión del Estado en Andalucía en 2017 debería llegar hasta 1.547 millones de euros para cumplir la legalidad. Por eso ha pedido a los servicios jurídicos de la Junta que estudien estas cuentas para impugnarlas ante los tribunales.
Esta decisión del Ejecutivo de Susana Díaz hay que enmarcarla en la situación política personal que está viviendo con su carrera hacia la Secretaría General del PSOE federal. La presidenta andaluza se ha convertido en la opositora de facto a Mariano Rajoy, a quien da la réplica precisamente desde la Junta de Andalucía. Porque no es la primera vez que se incumple la Disposición Adicional Tercera del Estatuto de Autonomía andaluz. Es más, lo habitual en las cuentas públicas del Estado es que no se cumpla lo recogido en esta norma, que es obligada para todas las instituciones del Estado al ser una ley orgánica.
La prueba de ello es que el propio Ejecutivo autonómico recuerda además que a este «incumplimiento» del Estatuto de Autonomía se suma el hecho de que el Gobierno central no incorpora en sus cuentas los 2.298 millones de euros pendientes de esta misma disposición legal en los años 2008 al 2014. Años en los que tampoco se ha cumplido lo que establece el Estatuto de Autonomía y las cuentas no terminaron en los tribunales.
Ante este nuevo frente, el delegado del Gobierno en Andalucía, Antonio Sanz, reaccionó ayer instando a la Junta a «que se recurra a sí misma» por el «sistemático incumplimiento de sus presupuestos» porque «desde que es presidenta Susana Díaz», la Junta de Andalucía «ha dejado de ejecutar un 43% de sus presupuestos, por un importe total de 6.681 millones de euros».
La doble posición del PP
El presupuesto del Estado para 2017 ha logrado aunar las críticas únanimes de todos los grupos de la oposición en Andalucía e incluso las del PP en algunas zonas que se han lamentado por la escasez de las dotaciones de sus proyectos claves. Es el caso del Campo de Gibraltar, una zona directamente afectada por la falta de inversiones en la conexión ferroviaria Algeciras-Bobadilla. El presidente de la Mancomunidad de municipios del Campo de Gibralar, Luis Ángel Fernández, calificó como «insuficiente» los 20 millones destinados para esta conexión ferroviaria mientras que el alcalde de Algeciras, también senador, el popular José Ignacio Landaluce, ha anunciado que está haciendo gestiones para que esta cifra cambie vía enmiendas a los Presupuestos Generales del Estado.
En similares circunstancias están los populares en Granada y Almería, pendientes del avance de la línea de AVE, un asunto del que el PSOEha hecho bandera. Los presupuestos suponen un compromiso para el l ider del PP andaluz, Junama Moreno, que hasta el momento no ha valorado públicamente el proyecto del Gobierno. Es más, hoy jueves Juanma Moreno visita la fábrica de Acerinox Europa en Los Barrios, Cádiz y sólo hay hay actividad para los reporteros gráficos.
Las Cortes Valencianas aprobaron una declaración apoyada por todos los grupos —incluyendo al PP— en la que rechazan los Presupuestos
Un compromiso mayor si atendemos a lo ocurrido en las Cortes Valencianas que aprobaron ayer una declaración institucional apoyada por todos los grupos de la Cámara —incluyendo al PP— en la que rechazan los Presupuestos Generales del Estado precisamente porque no cumplen lo que dicta su Estatuto de Autonomía en cuanto a las inversiones en función de su peso poblacional. El acuerdo de las Cortes Valencianas insta al Gobierno a impusar «acciones para cohesionar a los valencianos en torno al objetivo de conseguir unas inversiones justas » y convoca a los diputados y senadores elegidos en las circunscripciones valencianas a una reunión el 25 de abril para coordinar acciones en ese sentido.
No parece que algo así ocurra en Andalucía donde el PP, a través de su portavoz parlamentaria Carmen Crespo, respalda las cuentas aunque reconoce que «querríamos más porque somos andaluces». Crespo calificó el poryecto del Gobierno de «transparente, riguroso, realista, de estabilidad, recuperación, y creación de empleo».
La portavoz popular prefería acusar a Susana Díaz de ser la que verdaderamente «maltrata» a Andalucía utilizando un dato del propio presupuesta, ya que del Estado para 2017 contemplan 947,8 millones para inversiones en infraestructuras del transporte, «el triple» de lo que invierte la Junta este año para esa misma materia, 313,17 millones, Crespo ha trasladado a la Junta que «para predicar hay que dar trigo». Sin embargo, desde toda la oposición, incluyendo a Ciudadanos que apoya las cuentas de Rajoy en el Congreso de los Diputados, las críticas han llovido porque consideran que es un «agravio» para Andalucía y que no resuelven los problemas reales. Los presupuestos en este sentido han conseguido unir en la misma opinión a los grupos de izquierda en Andalucía y vincular a PP y Ciudadanos, una relación de fuerzas menos habitual en el Parlamento andaluz.
