FRAUDE DE FORMACIÓN
Investigan a Raúl Perales por usar su correo de alto cargo para pedir trabajo al exconsejero Ojeda
La juez Núñez cita también como imputados a una cuñada del empresario de formación y al exviceconsejero Justo Mañas
La jueza María Núñez, que investiga las ayudas de la Junta a cursos de formación a empresas del exconsejero Ángel Ojeda, ha imputado a nueve excargos del Gobierno andaluz, entre ellos el actual director general de Comercio y exdirector general del Instituto Andaluz de la Juventud, Raúl Perales; el exviceconsejero de Empleo Justo Mañas y la exdirectora de Formación para el Empleo Teresa Florido, cuñada de Ojeda.
Como publicó ABC, Raúl Perales Acedo, actual director general de Comercio de la Junta de Andalucía, utilizó su correo oficial como director general del Instituto Andaluz de la Juventud para solicitar un puesto de trabajo al gerente del grupo Prescal, el «holding» societario creado por el exconsejero de Hacienda Ángel Ojeda Avilés que recibió 52,6 millones de euros a través de subvenciones autonómicas para cursos de formación entre 2008 y 2011.
Es hijo de Antonio Perales Pizarro, imputado en el caso Bahía Competitiva , la trama que se hizo con casi 24 millones de euros procedentes de los planes de reindustrialización del Gobierno central en Cádiz, y sobrino del histórico socialista que fundó el clan socialista de Alcalá de los Gazules, el ya fallecido Alfonso Perales.
En una providencia del 25 de julio, a la que ha tenido acceso Efe, Núñez atiende así la petición de la Fiscalía realizada tras el atestado de la UDEF avanzado por ABC que concluyó que éste tejió «una red de contactos dentro de la Junta» mediante «regalos a funcionarios» y empleos para familiares y allegados de cargos públicos que le permitía lograr información anticipada sobre adjudicaciones para captar subvenciones de cursos de formación.
La Fiscalía, en su escrito del 18 de julio, ve tras este atestado indicios de delitos de tráfico de influencias, prevaricación, cohecho y fraude y exacciones ilegales por los que pide citar como investigados a nueve excargos de la Junta.
Siguiento esta petición, la jueza la jueza cita el 21 de marzo de 2019 a Florido -que estuvo investigada en la pieza política de los cursos, archivada en 2016 -, Mañas, Pedro Legerem (exjefe de servicio de Programas para el Empleo) y José Manuel Fuentes Doblado (exdirector general de Formación Profesional Ocupacional).
Igualmente, cita como investigados el 11 de abril a Alonso Solís Franco (jefe de servicio en la Dirección general de Formación); Noelia Ruiz (técnico de formación en el SAE ); Jorge Carbajal (que fue miembro del Consejo Andaluz de Prevención de Riesgos Laborales); y Antonio Juan Ortega (director de comunicación de Prescal).
El 21 de marzo también cita como testigos a Sergio Martínez y Rocío Martín, ambos igualmente solicitados por la Fiscalía. En su atestado, la UDEF sitúa a Ojeda -que fue consejero de Hacienda entre 1987 y 1990- en la «cúspide» de una «organización criminal» conformada «por todo el entramado empresarial por él ideado con la única finalidad de obtener el mayor número de subvenciones de la Junta posible e enriquecerse, mediante métodos irregulares e ilícitos».
Supuestos testaferros
Un entramado en el que colocó a «personas de su confianza (familiares, socios, colaboradores y miembros de la Organización) para intentar desvincular estos de su persona y la supuesta relación entre ellas mismas» y entre las que destaca la empesa Serpro, con la que «estaría desviando los fondos públicos asignados a los gastos de los docentes», de manera que más del 50% del dinero que debía destinarse a su sueldo volvía a las arcas del grupo.
Todo ello mediante un «sistema de contrafacturación» por servicios falsos «tan eficiente y con tan buenos resultados para la organización en la comisión de los fraudes» que Ojeda se planteó crear una segunda empresa similar, Serpro 2, con sede en Cádiz, según un correo que consta en la documentación.
Pero sobre todo, el atestado describe un «posible tráfico de influencias« entre «cargos/empleados de la Junta de Andalucía , algunos de ellos con capacidad de decisión dentro del propio Servicio Andaluz de Empleo u otros organismos públicos» con Ojeda.
Mediante «regalos a funcionarios» y «colocación de familiares o amigos» solicitadas por éstos al empresario, le facilitó « conseguir cierta información y documentación anticipadamente lo que les permitía ir siempre un paso por delante del resto» de empresas que concurrían a las subvenciones para formación.
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