Investigan el patrimonio de una empresaria condenada en los ERE por posible alzamiento de bienes

Jesús Díaz

24/03/2022 a las 12:57h.

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Encarnación Poto fue militante del PSOE y del sindicato UGT con influencia «a nivel local». Después se convirtió en la dueña y presidenta del consejo de administración de Aceitunas y Conservas (Acyco) , empresa de Dos Hermanas que recibió hasta tres millones de euros en el año 2003 del llamado 'fondo de reptiles' que tenía la Consejería de Empleo para sufragar de forma irregular los expedientes de regulación de empleo, lo que dio origen al caso de corrupción de los ERE . Poto fue condenada a cinco años de cárcel . Pero los frentes judiciales no parecen tener fin. La Fiscalía ha solicitado a la Audiencia de Sevilla que la investigue por un posible alzamiento de bienes .

El pasado mes de enero se conocía la sentencia del juicio de los ERE. Era la vista oral de la pieza de Acyco. Fueron condenados siete acusados, entre ellos el exconsejero de Empleo, el socialista Antonio Fernández , el ex director general de Trabajo Juan Márquez , y la empresaria, que además de recibir el dinero de los ERE fue beneficiaria del expediente de regulación de empleo, al tiempo que seguía en el consejo de administración de la empresa.

En concepto de responsabilidad civil, el tribunal de la Sección Tercera de la Audiencia imponía a seis de los siete condenados (todos a excepción de Juan Márquez) deberán indemnizar conjunta y solidariamente a la Junta de Andalucía con hasta 3.033.625,84 euros , aunque cada uno de ellos en diferente proporción.

Fue entonces cuando la Sala abrió las distintas piezas separadas para las responsabilidades pecuniarias de los acusados. En el caso de Poto se requirió información a los r egistros de la propiedad de Utrera, Rota, Chipiona y Dos Hermanas , donde se tenía conocimiento que ella tenía fincas, ya embargadas con anterioridad. La sorpresa llegó al comprobarse con la información de los registros, que las cinco fincas figuraban en favor de persona distinta a Poto . En el caso de Rota y Dos Hermanas, en el que esta condenada tenía un nuevo porcentaje sobre la finca.

Ante esa situación novedosa, la Audiencia de Sevilla dio traslado a las partes para que alegaran lo que consideraran en derecho acerca del resultado de los embargos trabados y la transmisión efectuada respecto de las fincas previamente embargadas.

La Fiscalía Anticorrupción expone, en un escrito al que ha tenido acceso este periódico, que la finca de Chipiona constaba como propiedad al cien por cien de Encarnación Poto en la información patrimonial elaborada por la Guardia Civil. Dicha finca se compró el 26 de septiembre de 2005 y tenía un valor catastral de 55.894 euros.

Ahora, según el registrador de la propiedad, dicha finca pertenece a la mercantil Oromontegar SLU tras la operación de compraventa de 16 de julio de 2020, inscrita el 5 de octubre.

«Al poder existir una disminución del patrimonio de la Encarnación Poto , interesamos que se una todo lo recibido a la pieza de responsabilidad civil de la encausada y conocer exacta identidad de la parte vendedora, representante de la sociedad adquiriente, condiciones e importe de la compraventa«, señala la Fiscalía.

Además, añade que confirmado el ingreso obtenido por Poto por la venta y confirmado el resto de su patrimonio, el Ministerio Público pide que se requiera a la empresaria condenada para que informe del destino del dinero obtenido, «con el fin de valorar o descartar, mediante la oportuna deducción de testimonio, en su caso, la existencia de indicios de cualquier tipo de conducta de la encausada tendente a disminuir dolosamente su patrimonio «. La Fiscalía quiere saber si hay un delito de alzamiento de bienes en la actuación de Poto. La Audiencia ha pedido la escritura pública de la compraventa a la notaría de Dos Hermanas donde se realizó dicha operación.

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