CASO ERE ANDALUCÍA
La ex interventora general de la Junta afirma que el sistema de ayudas creó un «ángulo muerto» de control
Rocío Marcos declara en el juicio que la Junta estaba preocupada por los intrusos y porque se repartieron 800 millones de euros sin control
El descontrol campaba a sus anchas en la concesión de ayudas sociolaborales y a empresas en crisis. La que fuera interventora general de la Junta entre el abril de 2010 y mayo de 2012, Rocío Marcos Ortiz, ha asegurado este lunes en el juicio de la pieza política del caso ERE que la Consejería de Empleo instauró un sistema para repartir fondos públicos mediante ayudas que creó «una especie de ángulo muerto» porque era materialmente imposible controlar el gasto . Empleo, a través de la Dirección General de Trabajo, concedía las ayudas, pero en realidad las pagaba la agencia pública IDEA, que estaba sometida a otro tipo de fiscalización que no era la propia de las subvenciones.
Esta funcionaria, que relevó a Manuel Gómez como interventor general de la Junta -acusado en el juicio-, ha declarado como testigo en el juicio contra 22 ex altos cargos de la Junta -entre ellos los expresidentes Manuel Chaves y José Antonio Griñán- acusados de prevaricación y malversación de fondos públicos por crear y mantener durante una década un sistema opaco y arbitario que distribuyó 855 millones en ayudas sociolaborales y a empresas en crisis.
A preguntas del fiscal Manuel Fernández Guerra, Marcos ha relatado que las transferencias de financiación, la herramienta presupuestaria empleada por Empleo para mandar el dinero a IDEA con el que costear las ayudas, estaban «presupuestadas» de forma correcta pero « eran inadecuadas para financiar las subvenciones ». «No hay procedimiento ni expediente de gasto» y el «efecto» que produce es que se dejan las ayudas «fuera del marco establecido para controlar las operaciones» porque sortea la fiscalización previa.
Marcos, que ha sido jefa de gabinete de la exconsejera de Economía y Hacienda Magdalena Álvarez y ha ocupado distintos altos cargos en sus 33 años de actividad pública, ha contestado que no cree que hubiera una «intencionalidad» en la implantación de este sistema más allá de la de agilizar el pago de ayudas ante conflictos laborales. «Quiero pensar que desde el punto de vista de los que tenían que atender soluciones muy acuciantes, esto les daba mayor agilidad» y «a lo mejor adquirieron compromiso de gasto sin tener crédito» al evitar la fiscalización previa de las ayudas.
El fiscal le preguntó a Marcos si ratificaba su declaración como testigo durante la fase de instrucción del juicio cuando afirmó que el uso inadecuado de las transferencias de financiación tuvo dos efectos: «hacer imposible el control» y provocar «un desfase presupuestario». La ex interventora asintió. Añadió que le «repele» decir que las transferencias fueran ilegales porque estaban «codificadas» así en los presupuestos y asociadas la programa 31L de relaciones laborales.
Con posterioridad, la ex interventora de la Junta de Andalucía ha asegurado que el sistema «facilitó» que se evitara el control de las ayudas. Confirmó que desde 2005, cuando se emitió el informe adicional al de control financiero permanente de la agencia IDEA , se sabía que se estaban dando ayudas sin control alguno.
El fiscal le cuestionó cuál era el motivo de la preocupación que existía en el Gobierno andaluz al saltar el escándalo de los ERE: «si el problema era que 800 millones de euros se dieron sin control alguno o que había intrusos ». Marcos respondió que la «preocupación grande» del Ejecutivo era «por las dos cosas» y que incluso habló de este asunto en una reunión con la entonces consejera de Hacienda del Gobierno de José Antonio Griñán, Carmen Martínez Aguayo. Además, declaró que en efecto desde 2005 se conocía de forma clara y palmaria que se estaban dando ayuda sin control y, desde 2001, ya se había advertido.
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