Un informe señala que el fraude de UGT con las facturas es de al menos 5,3 millones
El objeto de la pericial es el análisis de 32 expedientes de subvenciones concedidas a UGT-A por el Servicio Andaluz de Empleo (SAE) entre 2009 y 2013
Un informe pericial elaborado por el interventor delegado de la Consejería de Conocimiento , Investigación y Universidad por encargo del Juzgado de Instrucción número 9 de Sevilla, que investiga un posible fraude en subvenciones por parte de UGT-A mediante facturas falsas, para cuantificar el posible fraude en las subvenciones recibidas de la Junta entre los años 2009 y 2013 señala que éste, inicialmente, asciende a unos 5,3 millones de euros . Cabe señalar que, por el momento, el pertio solo ha analizado un tercio de los expedientes sospechosos .
El informe, al que ha tenido acceso Europa Press, aborda once de los 32 expedientes de subvenciones objeto de la pericial solicitada por el Juzgado de Instrucción número 9 de Sevilla en marzo de 2015, por lo que está incompleto. En este sentido, el interventor delegado expone en el informe una serie de «limitaciones» para abordar su trabajo , entre ellas la no dedicación exclusiva del interventor de la Administración andaluza para la realización de la pericial, la ausencia de ayuda personal, la imposibilidad de contar con toda la documentación correspondiente a la mayoría de los expedientes o la falta de la misma, y la «ingente documentación existente».
El objeto de la pericial es el análisis de 32 expedientes de subvenciones concedidas a UGT-A por el Servicio Andaluz de Empleo (SAE) entre 2009 y 2013 para comprobar la existencia de defraudación y el importe presuntamente defraudado en cada uno de los mismos. En concreto, según señala el informe, el posible fraude opera «en la aplicación del dinero de la subvención, o bien para finalidad distinta para la que se concedió, o bien en la imputación de gastos no subvencionables o elegibles, todo ello con el ánimo defraudatorio que la legislación penal exige».
El perito analiza en los expedientes de subvención, a la luz de la normativa de aplicación, «si los gastos ejecutados son o no subvencionables o elegibles» . De otro lado, analiza supuestos "mecanismos defraudatorios como el 'bote', el 'rapel' y todo lo relacionado con los alquileres de aulas, instalaciones u oficinas entre Soralpe y Instituto de Formación y Estudios Sociales (IFES-Andalucía), fundación perteneciente al sindicato.
El informe pericial señala que los expedientes de subvención objeto de análisis, con la excepción de cuatro de ellos, se concedieron por el SAE en el marco del Decreto 355/2009 de 22 de septiembre, por el que se regula la Formación Profesional para el Empleo en Andalucía, y conforme a su Orden de desarrollo de 23 de octubre del mismo año. Se establecen dos tipos de subvenciones, las de Formación de Oferta -para personas trabajadoras, tanto ocupadas como desempleadas- y las dirigidas a acciones en materia de Formación.
Recuerda el informe que en la formación dirigida a desempleados es la entidad beneficiaria - en este caso UGT-A - la que tiene que realizar la actividad subvencionada, la misma puede realizarse por un tercero -IFES-Andalucía- siempre que tenga la naturaleza de entidad vinculada. En los expedientes analizadas se concluye que ésta era una práctica sistemática.
De los contratos analizados, el informe pericial indica que se contrataba « la totalidad de las acciones» para llevar a cabo los cursos por parte de IFES-Andalucía, lo que implica igualmente la totalidad de los costes económicos de esas acciones subvencionadas.
