Administración
Un informe de Hacienda cifra en 1,17 millones el coste de la ampliación de delegados de la Junta de Andalucía
La Consejería de Presidencia alega que puede financiar su coste prescindiendo de otros puestos y gastos presupuestarios
Un informe de la Dirección General de Presupuestos de la Consejería de Hacienda ha puesto cifras a la ampliación de la estructura de altos cargos de la Junta de Andalucía «a coste cero» aprobada por el Gobierno del PP y Ciudadano. Las cuatro consejerías afectadas por la designación de 16 nuevos delegados territoriales en las ocho provincias andaluzas «tendrían que financiar hasta un importe de 1,17 millones de euros, mediante l a desdotación de plazas que puedan disponer de su plantilla presupuestaria», avisa el documento oficial al que ha accedido ABC.
Es decir, los departamentos que dirigen los consejeros Juan Marín, Patricia del Pozo, Rocío Ruiz y Carmen Crespo tendrán que prescindir de otros puestos eventuales y gastos presupuestarios para que la remodelación de la estructura periférica de la Junta no acarree ningún gasto al erario público, como prometió el Ejecutivo regional. Cuando se aprobó a finales del pasado mes de diciembre, el vicepresidente andaluz, Juan Marín (Cs), explicó que la reforma persigue dotar de «mayor agilidad y eficacia» al funcionamiento de la Administración y se haría «a coste cero», pues quienes ocupen las plazas de nueva creación ( 32 en total) serán funcionarios .
El decreto de la Consejería de Presidencia justifica la modificación de la organización territorial de la Junta ante «la carga de trabajo soportada por los servicios periféricos de determinadas consejerías».
Las áreas de Justicia y Medio Ambiente van a eliminar dos de estos puestos de asesores en cada una de las ocho delegaciones del Gobierno andaluz
La supresión de los 16 coordinadores de programa creados el pasado mes de febrero no basta por sí sola para compensar el coste de la ampliación de los nuevos delegados territoriales. Las áreas de Justicia y Medio Ambiente van a eliminar dos de estos puestos de asesores en cada una de las ocho delegaciones del Gobierno andaluz (16 en total).Sus retribuciones totales suponen un desembolso de 1.007.604,83 euros, según la cuantificación que recoge el informe de Hacienda.
La norma, aprobada el 29 de diciembre por el Consejo de Gobierno, contempla reconvertir a los 16 coordinadores en delegados territoriales al frente de las áreas de Justicia y Medio Ambiente y Cambio Climático. Además, se nombran otros dos delegados más por provincia al dividirse las competencias que compartían algunas macroáreas que no tenían ninguna relación . En virtud del decreto, se parte en dos la actual Delegación Territorial de Educación, Deporte, Igualdad, Políticas Sociales y Conciliación, de modo que habrá un delegado para la política educativa y otra para los servicios sociales. Lo mismo ocurre con la otra delegación afectada al separarse las competencias de Fomento, Infraestructuras y Ordenación del Territorio, por un lado, y las de Cultura y Patrimonio Histórico, por otro.
32 nuevos delegados
«La creación de esta nueva estructura territorial supone un incremento de gasto en el capítulo I del presupuesto de la Administración de la Junta de Andalucía, al incrementarse en cuatro delegaciones territoriales respecto a las actualmente existentes, que se materializará con el nombramiento de 32 nuevos delegados territoriales», señala la Dirección General de Presupuestos en un informe del 23 de diciembre pasado. Una vez descontado el millón de euros que se ahorarría con la supresión de los 16 coordinadores, cifra en 1.175.234 euros el coste por la creación de 32 nuevos altos cargos.
Para conocer «la repercusión en términos presupuestarios» de la reforma, el informe avanza que lo valorará «en el momento» en que realicen las modificaciones en las Relaciones de Puestos de Trabajo y los cambios presupuestarios. Hacienda reclama a Presidencia una memoria económica complementaria sobre los nuevos puestos.
La respuesta a su petición llega seis días después mediante otro escrito firmado por el viceconsejero de la Presidencia, Administración Pública e Interior, Antonio Sanz (PP) . Sobre el crédito necesario para costear los nuevos cargos, le contesta que se podrán «también» financiar «mediante desdotaciones de la plantilla presupuestaria de las consejerías cuyos órganos periféricos se verán afectados por las previsiones» del decreto.
El Gabinete Jurídico de la Junta expresa otras reservas. El decreto permite «excepcionalmente» y «por razones de eficacia» que puedan crearse dos secretarías generales provinciales a propuesta de las consejerías. El «incremento neto en el número de secretarías generales provinciales» que pueden crearse no figura en el expediente, advierte la letrada autonómica. Sanz le responde que se pueden financiar también reduciendo la plantilla presupuestaria .
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