Igualdad entrega 45.000 mascarillas para el personal de ayuda a domicilio a dependientes de grado III
Las Diputaciones repartirán las mascarillas a los ayuntamientos, salvo en Almería donde lo hará la Delegación Territorial
La Consejería de Igualdad, Políticas Sociales y Conciliación, atendiendo a la situación excepcional derivada de la pandemia del CODVID-19, ha repartido un total de 45.000 mascarillas de 3 capas, con el objetivo de que las personas de Grado III de dependencia que son atendidas por los Servicios de Ayuda a Domicilio (SAD) , ya sea de forma directa por las entidades locales o través de empresas, puedan disponer de estas medidas de protección de manera inmediata. En el grado III de dependencia se incluyen los grandes dependientes, cuando la persona necesita ayuda para realizar varias actividades básicas de la vida diaria y por su pérdida total de autonomía y, por tanto, son las más vulnerables.
Durante la mañana de hoy, personal de las ocho diputaciones andaluzas han recogido el material, y serán las corporaciones provinciales las que se encarguen de distribuir las mascarillas entre los ayuntamientos, salvo en Almería donde será la Delegación Territorial de Igualdad quien efectúe la entrega. El reparto se ha efectuado con respecto al número de beneficiarios de la ayuda a domicilio con grado III de dependencia.
Así, a Almería llegarán 3.750 mascarillas, Cádiz recibirá 5.300, Córdoba 6.700, Granada 4.900, Huelva 3.700, Jaén 4.400, Málaga 7.100 y Sevilla 10.700 .
La Consejería de Igualdad, Políticas Sociales y Conciliación ha agradecido la rapidez con la que las diputaciones han respondido y se ha desarrollado el reparto.
Este material ha sido remitido por la Consejería de Salud y Familias, en base a la disponibilidad que tiene, ya que se está a la espera de poder recibir más provisiones. Salud y Familias también distribuirá otras 150.000 mascarillas entre las residencias de personas mayores y con discapacidad de Andalucía. El Gobierno andaluz ya ha adelantado que está a la espera de poder recibir más sistemas de protección, pues está previsto que se reciban dos millones de mascarillas por parte de un proveedor chino en las próximas 24 o 48 horas.
Se trata, por tanto, de un primer reparto a la espera de que el Gobierno central haga llegar a todas las comunidades el material de protección requerido para que los profesionales puedan realizar su trabajo sin riesgos y sin posibilidad de contagio a las personas a las que cuidan, que son la población más vulnerable. Hay que tener en cuenta que, desde que se decretó el estado de alarma, es el Gobierno central quien ha asumido el control de la pandemia y quien tiene que proveer del material a las comunidades.
La consejera de Igualdad, Políticas Sociales y Conciliación, Rocío Ruiz, ha compartido con sus homólogos del resto de comunidades autónomas durante la reunión por videoconferencia de la comisión interterritorial de servicios sociales, la preocupación común existente en todas las comunidades por la falta de material para la atención del personal del servicio de ayuda a domicilio. En el transcurso de dicho encuentro se ha puesto de manifiesto que existe una petición unánime de que el Gobierno central agilice la entrega de este material.
Manual de recomendaciones
La Consejería de Igualdad, Políticas Sociales y Conciliación ha recordado que, dentro de las medidas de contención contra el Covid – 19 en materia de Servicios Sociales con carácter extraordinario que ha aprobado el Consejo de Gobierno, se ha puesto a disposición de las diputaciones y las corporaciones locales un manual de recomendaciones para el personal que presta el servicio de ayuda a domicilio.
En el documento que se ha difundido a la Federación Andaluza de Municipios y Provincias (FAMP), así como a las entidades vinculadas a la prestación del servicio, se establecen medidas dirigidas al personal de la ayuda a domicilio encaminadas a la prevención y control de la infección. Así, los trabajadores con sintomatología respiratoria o que hayan visitado las zonas de riesgo en los últimos 14 días deberán consultar a los servicios sanitarios para realizar una valoración individualizada sobre la pertinencia de la continuidad de sus actividades laborales.
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