La huelga del día 21 de marzo contra el impuesto de sucesiones es un bulo

«Huelga general 21 marzo. Prohibición al Impuesto de Sucesiones. No más impuestos abusivos». Es muy probable que este texto haya aparecido en su móvil en los últimos días . Nadie lo asume, nadie lo convoca. En realidad se trata de uno de tantos bulos anónimos que viajan y se propagan por las redes sociales. No es el único. A los pocos días se ha hecho viral otro mensaje a través de WhatsApp que convoca para el mismo día, a las 12 de la mañana —sin dejar ningún detalle al azar—, una manifestación «en la puerta de los ayuntamientos de todas las ciudades de España» contra el tributo. «Pásalo a todos tus grupos y contactos», arenga el texto. Tampoco se identifica el convocante en el enigmático mensaje.

Desde la Asociación Stop Impuesto Sucesiones, que agrupa a afectados por el tributo en toda Andalucía, han negado rotundamente que estén detrás de cualquiera de estas medidas. El bulo de la huelga, que se había atribuido erróneamente a esta plataforma, les ha obligado a salir a desmentirlo en las redes sociales. Su presidente, Juan Carlos Valverde, afirma que «una huelga general hace perder millones al país y a los propios trabajadores, es algo demasiado serio para frivolizar con ello». «Nuestra asociación desconoce por completo esa iniciativa que circula por la red» y que no cuenta con su respaldo, añaden.

Los esfuerzos de Stop Impuesto Sucesiones se centran en recabar firmas en favor de eliminar este tributo que consideran injusto y discriminatorio y en ofrecer asesoramiento a afectados, a través de varios bufetes de abogados especializados en transmisiones de herencias.

Además, la plataforma prepara escritos para elevar sendas consultas a la Defensora del Pueblo y a su homólogo en Andalucía sobre la posible vulneración de la Constitución Española. En su artículo 14, la Carta Magna estipula que «los españoles son iguales ante la ley, sin que pueda prevalecer discriminación alguna por razón de nacimiento, raza, sexo, religión, opinión o cualquier otra condición o circunstancia personal o social». También baraja llevar el asunto al Defensor del Pueblo Europeo, que indaga en las reclamaciones relativas a una mala gestión por parte de las instituciones y los organismos de la UE.