Hacienda lanza un acuerdo marco para contratar bufetes externos

La Consejería de Hacienda, Industria y Energía ha iniciado un procedimiento para racionalizar la contratación de servicios de asistencia jurídica que tendrá un coste máximo de 2,5 millones de euros anuales. El objetivo es establecer un «acuerdo marco» entre 2020 y 2024 con un catálogo de servicios a disposición de las delegaciones provinciales del Gobierno, la Consejería de Hacienda y sus entes instrumentales (como la empresa de inspección técnica de vehículos Veiasa, la estación de esquí Cetursa o la Agencia de la Energía).

Con esta medida todos estos organismo s recibirán apoyo legal, asistencia jurídica o la emisión de informes en las principales áreas del derecho (como mercantil, civil, laboral, urbanismo o derecho público) con unos criterios estipulados y transparentes. La meta de Hacienda es «reducir sus plazos de respuesta y optimizar la contratación» de unos servicios que hasta el momento se adjudican sin un sistema homogéneo. «La administración cuenta con unos medios proporcionados para sus fines generales, pero son insuficientes si se persigue una reducción en sus plazos de respuesta», indica la memoria del acuerdo marco.

El documento destaca que actualmente existe una «mayor complejidad de relaciones de la Administración con otros operadores económicos , lo que dificulta la finalización de procedimientos en plazo. Los servicios que se contratarán con el acuerdo marco «no suponen la sustitución de órganos y unidades de la Administración que intervengan en el desarrollo de las funciones encomendadas». En este sentido, este procedimiento «se ha previsto exclusivamente con la finalidad de obtener una prestación meramente complementaria o auxiliar, o bien garantizar el adecuado funcionamiento de la administración cuando la intervención de aquellos no sea preceptiva».

El acuerdo marco se divide en siete lotes. La remuneración de este servicio se ha situado inicialmente en 60 euros la hora por servicios de apoyo, 80 en asistencia y 100 euros por informes y operaciones complejas (sin incluir el IVA). Con estas tablas, el coste estimado del acuerdo marco se ha calculado evaluando las necesidades jurídicas que han requerido hasta el momento los organismos afectados.

Los lotes se distribuyen en función de la especialidad jurídica : mercantil (con un coste anual estimado de 395.000 euros), civil (374.000 euros), laboral (498.000 euros), urbanismo (411.000 euros), público (490.000 euros), regulatorio (145.000 euros) y colaboración público-privada (212.000 euros). Al tratarse de un «acuerdo marco» no hay una adjudicación como tal, sino que varias firmas pueden entrar en cada lote. A partir de ahí, cada vez que la administración o una de las entidades instrumentales requieran estos servicios, se prestarían por las firmas que hayan entrado en el acuerdo según los precios establecidos finalmente.

Según fuentes del Gobierno andaluz, en este momento 50.000 expedientes para 97 letrados . «El objetivo es dotarlos de medios para que puedan superar la situación de desbordamiento en la que se encuentran desde hace años». En este momento, la memoria del acuerdo marco está, precisamente, bajo estudio por parte del Gabinete Jurídico de la Junta, que debe emitir su dictamen antes de que el proceso continúe adelante.