Las guerras políticas de PP y PSOE con los jueces como campo de batalla

La guerra política en Andalucía entre el PP y el PSOE con los jueces como campo de batalla no es nueva ni mucho menos. Los argumentos empiezan siendo suaves para teminar elevados ante el Consejo General del Poder Judicial como una queja formal. Así ha ocurrido tanto con el PP como con el PSOE por más que los portavoces oficiales de ambos se lleven las manos a la cabeza cuando escuchan palabras similares contra los jueces en el bando contrario. Cuando la juez Mercedes Alaya se hizo cargo del caso Mercasevilla y empezó a llegar hasta lo que luego fue la macrocausa de los ERE, nada menos que Alfonso Guerra deslizó que la magistrada era amiga de Juan Ignacio Zoido. Era el año 2012 y Zoido el presidente regional del PP andaluz.

La historia se repite cuando María Núñez Bolaños se hace cargo del juzgado de instrucción número 6 de Sevilla en el año 2015 y le corresponde continuar con la instrucción del caso ERE, analizar la Formación y tomar decisiones polémicas como dividirlo en piezas separadas. Entonces, son las voces del PP las que aseguran que la juez es amiga personal del consejero de Justicia, Emilio de Llera , a quien acusan de llevar la manija de la Justicia en Andalucía para los intereses del PSOE.

No es el único paralelismo. Ni mucho menos. El PSOE de Andalucía elevó una queja ante el Consejo General del Poder Judicial en octubre de 2014 contra la juez Alaya por el interrogatorio que ésta hizo a Teodoro Montes , funcionario de Empleo de la Junta de Andalucía y testigo protegido en el caso de los cursos de formación. Según el PSOE, Alaya le preguntó si la extinta fundación Faffe financiaba al PSOEcon los fondos que recibía. Una pregunta que los socialistas tomaron como una afrenta personal y que no fue considerada como sancionable por el órgano de gobierno de los jueces, que la archivó.

El PP ha hecho lo propio con la juez María Núñez Bolaños , ya que se ha quejado ante el Consejo General del Poder Judicial de su «parcialidad» a la hora de instruir el caso Formación. Por el momento, no hay decisión del máximo órgano judicial español que está analizando la queja de los abogados del PP así como la recusación por las grabaciones de los cursos de formación.

La salida de Alaya de las macrocausas que estaba investigando, los ERE, los cursos de Formación, Mercasevilla , en octubre de 2015, fue objeto también de una enorme polémica política entre el PPy el PSOE. Una maniobra perfectamente diseñada por Emilio de Llera, según el PP, puso a la juez Núñez Bolaños al frente de los casos que más quebraderos de cabeza han generado al Gobierno andaluz.

Tan grave fue el escándalo que hasta Albert Rivera , cuyo partido había firmado ya el pacto de investidura con Susana Díaz , culpaba directamente al PSOE y la Junta de Andalucía del «escándalo» en la decisión del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía . El líder de Ciudadanos lo equiparaba a los «movimientos del PP con los magistrados encargados de investigar la trama Gürtel».

Una vez terminados de instruir los ERE —que el Ejecutivo andaluz pretende circunscribir al pasado por más que vuelva como un boomerang— el caso Formación era el que más preocupaba a Susana Díaz . Ahora, ambos vuelven a estar de plena actualidad erosionando a la presidenta andaluza. Pero el PSOE no se queda quieto ni está dispuesto a callarse. La prueba es la vehemencia —poco usual en él— que ayer transmitía el número dos del partido en Andalucía.