Gobierno y Junta de Andalucía negocian para evitar el recurso al tercer decreto de simplificación

El Gobierno de España y la Junta de Andalucía han acordado «iniciar negociaciones» para tratar de evitar un recurso del Ejecutivo central ante el Tribunal Constitucional (TC) por «discrepancias» existentes en torno a tres artículos del Decreto-ley 26/2021, de 14 de diciembre, por el que se adoptan medidas de simplificación administrativa y mejora de la calidad regulatoria para la reactivación económica en Andalucía, que incorpora, en total, 330 actuaciones , agrupadas en medidas de simplificación administrativa, medidas de mejora de la regulación o derogaciones normativas.

Se trata del tercer decreto de simplificación normativa aprobado por el Ejecutivo andaluz de PP-A y Ciudadanos (Cs) en la presente legislatura, tras los aprobados en marzo de 2020 y en febrero de 2021, con los que se contabilizan 400 medidas de simplificación y mejora de la regulación , además de un centenar de normas agilizadas, y fue convalidado por el Pleno del Parlamento andaluz el pasado 22 de diciembre de 2021 con el apoyo de Vox y los votos en contra de PSOE-A, Unidas Podemos y los diputados no adscritos procedentes de Adelante Andalucía.

El Gobierno mantiene «discrepancias» en torno a los artículos 28, 34 y 64 de dicho decreto y, por ello, ha acordado con la Junta «iniciar negociaciones» para resolverlas, según se recoge en un acuerdo de la Subcomisión de Seguimiento Normativo, Prevención y Solución de Controversias de la Comisión Bilateral de Cooperación Administración General del Estado Comunidad Autónoma de Andalucía , en relación con el Decreto-ley 26/2021, de 14 de diciembre, por el que se adoptan medidas de simplificación administrativa y mejora de la calidad regulatoria para la reactivación económica en Andalucía, publicado este lunes tanto en el Boletín Oficial del Estado (BOE) como en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía (BOJA), y consultado por Europa Press.

El artículo 2 8 del decreto supone una modificación de la Ley 7/2007, de 9 de julio, de Gestión Integrada de la Calidad Ambiental , en relación a los procedimientos de evaluación ambiental, mientras que el artículo 34, también objeto de «discrepancia» entre el Gobierno y la Junta, conlleva una modificación de la Ley 8/2018, de 8 de octubre, de medidas frente al cambio climático y para la transición hacia un nuevo modelo energético en Andalucía, sobre cuestiones relativas a los proyectos de absorción de emisiones.

En tercer lugar, el artículo 64 conlleva una modificación de la Ley 21/2007, de 18 de diciembre, de r égimen Jurídico y Económico de los Puertos de Andalucía , en cuestiones relativas a la delimitación de los espacios y usos portuarios y los planes especiales de ordenación de los puertos.