El Gobierno de Pedro Sánchez retira el recurso ante el Constitucional contra el súper decreto andaluz

El Gobierno de Pedro Sánchez ha renunciado definitivamente al pulso judicial que echó a la Junta de Andalucía por el súper decreto que reduce la burocracia administrativa , aprobado durante el pasado confinamiento. La Abogacía del Estado ha registrado este viernes un escrito ante el Tribunal Constitucional por el que desiste del recurso de inconstitucionalidad que había presentado alegando que algunas disposiciones relativas a la Ley Audiovisual de Andalucía y a intervenciones en Bienes de Interés Cultural invadían competencias estatales.

La retirada del recurso estaba cantada desde octubre pasado, cuando ambas administraciones alcanzaron un acuerdo en la Comisión Bilateral de Cooperación Junta de Andalucía-Estado para modificar los preceptos en los que discrepaban. Según corroboraron a ABC fuentes jurídicas del Constitucional, en el próximo pleno del tribunal, que se celebrará en la primera quincena de mayo, se abordará y resolverá este asunto mediante la emisión de un auto.

A mediados del pasado mes de septiembre, el Constitucional ya acordó por unanimidad levantar la suspensión de varios preceptos del citado decreto autonómico que modifica o deroga parcialmente 21 leyes y seis decretos y elimina más de doscientos trámites administrativos que afectan a toda la actividad económica.

Entre tanto resolvía, a principios de mayo el tribunal había suspendido varios preceptos referidos a la protección del patrimonio cultural contra los expolios —artículo 13—, y a la comunicación audiovisual —artículo 28—. En concreto, se cuestionaba que se permitiera a las empresas privadas gestionar emisoras de radio y televisión en manos de los ayuntamientos y que las cadenas piratas pudieran emitir publicidad institucional.

En octubre pasado, el Consejo de Gobierno andaluz incorporó las modificaciones acordadas entre ambas administraciones y que, posteriormente, fueron validadas por el Parlamento andaluz. Una vez publicadas las citadas modificaciones legales, el Estado se comprometía a desistir del recurso de inconstitucionalidad planteado, que es lo que ha hecho ahora.

A pesar de que entre las administraciones se ha acabado imponiendo el diálogo, más de 50 senadores del PSOE presentaron otro recurso contra el decreto-ley de simplificación administrativa aprobado por el Gobierno andaluz y convalidado el pasado 2 de abril en el Parlamento con los votos de PP, Ciudadanos y Vox. Los socialistas andaluces alegaron no estaba justificada la urgencia y que la norma fue ratificada por la Diputación Permanente, porque los plenos estaban suspendidos durante el estado de alarma, lo que «vulneraba» el derecho de participación de los diputados. Dicho recurso fue admitido a trámite por el Constitucional.