Administración
El Gobierno central debe 29 millones a la Junta de Andalucía en facturas sanitarias
El Ejecutivo andaluz le reclama 13,7 millones por atender a pacientes de otras comunidades y casi 15 millones por prestar el servicio médico a presos
El impago de los 537 millones de euros correspondientes al IVA del último mes de 2017 es la cuenta pendiente más abultada que tiene el Estado con Andalucía, pero no la única. A la larga lista de agravios se suma el incumplimiento de los pagos por la asistencia sanitaria prestada por el Servicio Andaluz de Salud (SAS) a residentes de otras regiones y a la población reclusa de las catorce prisiones repartidas por toda la comunidad autónoma. La «factura» sanitaria sin abonar a la comunidad autónoma asciende a casi 29 millones de euros : 13,7 millones por dar atención médica a españoles que viven fuera de Andalucía y en torno a 15 millones por la asistencia a presos.
En el primer caso, la Consejería de Hacienda, Industria y Energía de la Junta estima que la Administración central adeuda 13,7 millones de euros correspondientes a los ejercicios de 2014 a 2018 por la atención sanitaria que recibieron españoles que viven fuera de Andalucía. Es el importe total de las compensaciones pendientes de liquidar a 31 de diciembre de 2018.
El 23 de octubre pasado, el Gabinete Jurídico de la Junta interpuso un recurso contencioso-administrativo contra el Estado ante la Audiencia Nacional después de que el Gobierno desoyera sus reclamaciones. El pasado 24 de junio la Administración autonómica envió un requerimiento a la Secretaría General de Financiación Autonómica y Local, dependiente de la ministra de Hacienda María Jesús Montero , con carácter previo a la interposición del recurso solicitando el pago de la deuda, según confirmaron a ABC fuentes del departamento que dirige el consejero Juan Bravo.
Las compensaciones económicas por la atención sanitaria a residentes de otras regiones se canalizan a través del Fondo de Garantía Asistencial si es por los desplazamientos voluntarios o del Fondo de Cohesión Sanitaria cuando se trata de la derivación a los servicios de salud. Estas transferencias vienen determinadas por las sucesivas leyes de los Presupuestos Generales del Estado.
La Junta ha recibido transferencias del Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS) por la asistencia médica prestada a extranjeros. Sin embargo, el Ministerio de Hacienda aún tiene pendientes de abonar otros saldos correspondientes al sistema de financiación autonómica por la asistencia sanitaria a pacientes externos. Desde la Junta aseguran que dicha regulación « se ha venido incumpliendo de forma sistemática » y que se paga tarde y mal.
La Junta asegura que el Gobierno ha incumplido de forma sistemática los pagos por atención médica
La deuda que arrastra el Gobierno central con la Consejería de Salud en Andalucía por la atención sanitaria a los presos en la comunidad también ha crecido como una bola de nieve y roza ya 15 millones. Desde 1995, dicha consejería y la Secretaría de Estado de Asuntos Penitenciarios mantenían un acuerdo de colaboración para la prestación de asistencia sanitaria a la población interna en las prisiones.
Hasta el 31 de diciembre de 2013, cuando expiró el último acuerdo vigente, en el primer trimestre de cada año el Ministerio de Justicia e Interior liquidaba el gasto anual por los servicios prestados a los reos . Para determinar el importe se tomaba como referencia la población interna media en el período comprendido entre el 1 de agosto y el 31 de julio del año anterior al que se realizaba la liquidación.
El último convenio finalizó el 31 de diciembre de 2013, sin que se haya producido prórroga hasta el día de hoy. Desde entonces, especifican fuentes de la Consejería de Salud, debido a la ausencia de un convenio regulador, el SAS facturaba por la actividad prestada a la población reclusa en los centros penitenciarios situados en Andalucía. Sin embargo, Asuntos Penitenciarios no estaba de acuerdo con la facturación y la recurría de manera sistemática, indican en la Junta.
Sentencia del Supremo
Recientemente, el Tribunal Supremo dictó una sentencia de casación a favor del Servicio Andaluz de Salud que fija los criterios acerca de qué Administración debe asumir los gastos de la asistencia sanitaria que se presta a la población reclusa. Tras la sentencia se ha realizado un proceso de regulación de la facturación pendiente, estando pendiente el cobro de casi 15 millones de euros.
Desde la Consejería aclaran que la Junta no tiene competencias sobre las prisiones y, por ende, tampoco sobre la asistencia médica que se presta en las cárceles. Por ello factura la asistencia sanitaria y las pruebas diagnósticas (según la Orden de Precios Públicos), así como los medicamentos que el SAS proporciona a reclusos en sus hospitales y centros de salud.
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