El Gobierno amenaza con tumbar parte del macrodecreto de la Junta de Andalucía
Llevará al Tribunal Constitucional la norma de simplificación para las licencias de radio y el patrimonio cultural
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La polémica política se ha colado en medio de la crisis por el coronavirus. El Consejo de Ministros aprobó este martes, por sorpresa y sin negociar antes, iniciar los trámites para tumbar una parte del principal decreto aprobado por la Junta de Andalucía, la norma en la que el Gabinete de Juanma Moreno regula su modelo político y económico. El Gobierno central pretende llevar el decreto ley de Mejora y Simplificación de la Regulación para el Fomento de la Actividad Productiva en Andalucía , que así se denomina legalmente, ante el Tribunal Constitucional en lo que se refiere a dos aspectos concretos, la concesión de licencias de radio y contenidos audiovisuales, y los permisos para realizar obras sobre bienes de interés cultural y su entorno.
El Consejo de Ministros ha solicitado al Consejo de Estado un dictamen urgente y para antes del 21 de abril, en el que se posicione sobre si los artículos 13 (el relativo a las licencias de obras en el entorno de los bienes culturales) y 28 apartado 4 (sobre las licencias audiovisuales), invaden competencias del Estado. Este trámite es preceptivo aunque no vinculante por lo que el Gobierno podrá recurrir esta norma ante el Tribunal Constitucional si así lo estima oportuno.
El macro decreto de la Junta agiliza 21 leyes y seis decretos e incluye un centenar de medidas, entre simplificación de procedimientos, eliminación de barreras o modificación de tasas, en ámbitos como el turismo, el comercio, la salud, la industria agroalimentaria, la pesca, el medio ambiente, el urbanismo, la energía, los servicios sociales y los de carácter audiovisual.
Comisión bilateral
La decisión del Gobierno central ha cogido por sorpresa al Ejecutivo andaluz que no ha sido informado con anterioridad de esta intención. El Ministerio de Política Territorial, el competente para tomar esta decisión, tampoco ha convocado a la Comisión Bilateral Estado-Junta donde habitualmente se dirimen estos asuntos antes de llegar a los tribunales.
Se trata de un órgano que debe convocar el Gobierno central y en el que se está negociando sobre el decreto de regulación de las viviendas irregulares en Andalucía, norma que también genera discrepancias entre ambas administraciones.
El Gobierno andaluz se ha enterado de la intención del Ejecutivo de Pedro Sánchez por la información adelantada por la Cadena Ser, uno de los afectados por la liberalización de las comunicaciones audiovisuales que prevé el decreto ya que la norma de la Junta permite la emisión en cadena y la conexión con entidades privadas que no tengan título habilitante o licencia.
PSOE y Adelante
Tanto el PSOE de Andalucía como Adelante Andalucía solicitaron a la Junta la retirada del decreto, convalidado el 2 de abril por la Diputación Permanente del Parlamento andaluz, porque consideraban que una norma de ese calado requería un debate más sosegado y anunciaron su intención de recurrir ante el Tribunal Constitucional por haberse aprobado en Diputación Permanente en plena crisis del coronavirus. Los dos partidos de la oposición pretendían que este decreto se convirtiese en una proposición de ley para permitir un debate más amplio en el Parlamento y la participación en la redacción final de sindicatos, empresarios y agentes sociales. Pero el Gobierno andaluz entiende que se trata de una medida urgente e importante para dinamizar la economía andaluza, y no puede esperar el tiempo normal de tramitación de una ley que, sin confinamiento ni estado de alarma, suele ser de un año.
El vicepresidente de la Junta, Juan Marín explicó ayer que seguirán defendiendo esta norma ya que consideran que es clave para fomentar el progreso de la comunidad autónoma y atraer inversión que genere empleo en Andalucía. Según defiende la Junta, esta reforma legal se enmarca en el Plan para la Mejora de la Regulación Económica impulsado por la administración autonómica en esta legislatura, que tiene como finalidad atraer inversiones y facilitar el acceso a la actividad productiva a emprendedores y empresas, simplificando y proporcionando seguridad jurídica, agilidad y una regulación más eficiente.
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