Los gazapos más sonados en las causas de presunta corrupción en Andalucía

Este pasado viernes la juez instructora de los ERE, María Núñez Bolaños , rectificaba y se corregía a sí misma en un auto en que apenas 48 horas antes atribuía la implicación del exconsejero de Presidencia y exvicepresidente andaluz, Gaspaz Zarrías , en el pago de sobrecomisiones de los ERE. La magistrada asegura que se equivocó, «como se desprende de la simple lectura de los autos». No obstante, no sería el primer error sonado de la macrocausa.

Desde que la juez Mercedes Alaya empezó a desenredar la madeja de los ERE al hallar un intruso en un expediente de Mercasevilla, hace cinco años y medio, la instrucción ha transitado por distintas fases, conocido seis jueces distintos y superado múltiples obstáculos. En los más de 116.000 folios que abarca el sumario de los ERE también se han colado algunos gazapos y errores que fueron utilizados por acusaciones y defensas de imputados para intentar desmontar la investigación que acabará sentando en el banquillo a dos expresidentes de la Junta. Estos son los principales deslices que han partido del juzgado sevillano donde se han cocinado los casos de más enjundia mediática:

Junio de 2013. La juez Mercedes Alaya llama a declarar como imputado a Eduardo B. G. por la venta de los terrenos de Mercasevilla. El padre de la ministra Fátima Báñez llevaba fallecido 12 años , un detalle que la juez olvidó consignar en su escrito. Su hijo Eduardo B.G. le sucedió como consejero delegado de Construcciones Juan de Robles, una de las empresas que pujaron por los suelos de la lonja sevillana. Alaya enmendó el error y citó a dos hermanos de la ministra. Cuatro meses después archivó la causa contra ellos.

Enero de 2014. Alaya llama a declarar en el caso ERE a Rafael Isla, una persona que no existe y que confunde con otra con la que comparte apellido: Antonio Isla Barba, exdirector de la división hotelera del grupo Nueva Rumasa.

Su sucesora al frente del juzgado María Núñez tampoco atinó con el apellido del que fuera número dos del PSOE andaluz, Rafael Velasco Sierra, investigado por montar un entramado empresarial que recibió 730.000 euros en ayudas de la Junta para cursos de formación. Hasta en dos resoluciones distintas lo llamó «Rafael Velázquez» . En otro auto de los ERE, dictado el 17 de noviembre de 2015, se le coló otra errata de bulto: nombró a Manuel Chaves como «Chávez», el difunto presidente venezolano.