Gaspar Zarrías se presenta ante el juez como víctima de un juicio paralelo con «finalidad política»

Siguiendo la estrategia del resto de antiguos aforados, el ex consejero de Presidencia de la Junta de Andalucía Gaspar Zarrías ha eludido este miércoles responder a las preguntas de la Fiscalía Anticorrupción sobre su papel en el sistema irregular de concesión de ayudas con cargo a la partida de los ERE y se ha ratificado en la declaración que ya realizó ante el instructor del caso en el Tribunal Supremo, Alberto Jorge Barreiro , el 16 de abril de 2015. Su comparecencia ante el juez Álvaro Martín ha sido la más rápida hasta ahora: apenas diez minutos.

Su abogado, Gonzalo Martínez Fresneda , ha ido más lejos y ha denunciado a los periodistas que esta citación realizada por el juez que investiga el procedimiento de los ERE, Álvaro Martín, a petición de la Fiscalía Anticorrupción, «forma parte de un juicio paralelo con una finalidad claramente política » que ha provocado un daño de su imagen y «ha tenido que soportar el zarandeo» a su entrada en los juzgados «sin que haya una justificación procesal». El letrado asegura que pedirá el archivo de la acusación contra su defendido, como ya hizo ante el Supremo, pero no obtuvo respuesta porque había dimitido como diputado en el Congreso y, por tanto, había perdido su aforamiento.

A pesar de su negativa expresa a declarar, la Fiscalía Anticorrupción hizo constar una pregunta sobre una carta que obraba en el expediente de las ayudas concedidas con cargo al denominado fondo de reptiles a Primayor que fue enviada al exdirector general de Trabajo Francisco Javier Guerrero por parte de representantes del comité de empresa. En concreto le preguntó si habló con un tal Manuel López o con el consejero de Empleo, como se manifiesta en la carta, para que arreglara la crisis de la citada empresa, que iba a ser reflotada por José María Ruiz Mateos , ya que en la misiva se expresaba que Zarrías había dado orden de resolver este asunto.

Su abogado esgrimió a los periodistas que durante los más de 25 años que ocupó cargos en el Gobierno andaluz recibió «miles de cartas de ciudadanos» con peticiones y que desconocía este escrito. En la sala de vistas, el letrado se quejó de que se dejara constancia en el acta de las preguntas de la fiscalía toda vez que el que fuera mano derecha de Manuel Chaves en sucesivos gobiernos socialistas había expresado de antemano su derecho a no declarar y a su juicio esta estrategia pretende «violentar» esa manifestación y se realiza de cara a la opinión pública, tal y como expresó en un escrito donde rechazaba esta citación.

En su declaración ante el Supremo hace casi un año, el magistrado le preguntó por las «advertencias» de la Intervención General de la Junta y sus referencias a las «claras vulneraciones» de la normativa. Zarrías fue categórico: « Nunca le llegó un informe con esas características ni tuvo conocimiento de su existencia, nadie se lo comunicó, era total desconocedor de la existencia de esos informes, el consejero de Economía y Hacienda [en alusión a Griñán] siempre reiteraba que si el Intervención detectaba alguna irregularidad tenía el informe de actuación, el declarante nunca tuvo conocimiento y nadie le comentó la existencia de esos informes».